Las primeras exhumaciones de los restos de los represaliados enterrados en la mina La Paloma comenzaron esta semana con la presencia de familiares que buscaban cerrar heridas abiertas desde hace décadas.
El proceso, que se desarrolla en la localidad donde la minería dejó una huella oscura durante la dictadura, fue marcado por un ambiente de dolor pero también de calma entre quienes presenciaron la recuperación de los cuerpos.
Familiares y activistas habían exigido desde hace años la apertura de estas investigaciones, que buscan identificar a las víctimas para darles una sepultura digna y reconfirmar las violaciones sufridas durante esos años.
Los expertos forenses trabajan en el lugar desde primeras horas bajo estrictos protocolos para garantizar la correcta manipulación de los restos y facilitar el proceso de identificación, que podría demorar varias semanas.
El acto, valorado por organizaciones de memoria histórica, supone un paso clave para esclarecer responsabilidades y contribuir a la reparación moral de las familias afectadas.
“Queremos que se reconozca lo que pasó y que esto no quede en el olvido,” señaló una de las familiares presentes, visiblemente emocionada junto a otros asistentes que mezclaban el llanto con momentos de recogimiento.
Aún no hay fecha confirmada para concluir las exhumaciones, pero fuentes consultadas aseguran que se extenderán el tiempo necesario para cumplir con los estándares científicos y legales exigidos.
El gobierno local ha mostrado su disposición a colaborar con las labores, pero la iniciativa principal sigue siendo impulsada por las asociaciones de víctimas y familiares que mantienen viva la reivindicación de verdad y justicia.
Esta apertura es parte de una ola más amplia en España por abordar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, un capítulo pendiente para muchos de aquellos directamente afectados y sus descendientes.
