El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comienza este lunes en el Tribunal Supremo un juicio que puede condenarle hasta a seis años de prisión y 12 de inhabilitación, o absolverle, según las partes implicadas.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado defienden juntos la absolución del fiscal general. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, aseguró que los hechos imputados a García Ortiz “no son constitutivos de delito alguno”. Añadió que ninguna intervención del acusado se puede ligar a la filtración de correos sobre un supuesto fraude fiscal del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Abogacía del Estado calificó la denuncia como una “operación orquestada” desde la Comunidad de Madrid para perjudicar la imagen de la Fiscalía. Defienden que García Ortiz actuó en “el legítimo ejercicio de sus competencias” para proteger la honra y profesionalidad del Ministerio Público, afectada por una campaña de “desinformación”.
Enfrente está Alberto González Amador, pareja de Ayuso, que ejerce acusación particular y pide cuatro años de prisión, una multa de 108.000 euros, tres años de suspensión y la inhabilitación especial para ejercer como fiscal general. Le acusa de filtrar datos confidenciales para construir una narrativa “política y lesiva” contra él y pide además una indemnización de 300.000 euros por daños personales y profesionales.
Seis acusaciones populares —Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias, Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír, Vox y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— reclaman penas de prisión y fuertes sanciones. La más dura es la de la APIF, que pide seis años de cárcel y 12 de inhabilitación por prevaricación y revelación de secretos.
Las otras cinco acusaciones piden cuatro años de prisión, suspensión y multas que llegan hasta 216.000 euros (Manos Limpias). El origen de la querella fue la denuncia del Colegio de la Abogacía y la acusación particular de González Amador.
El caso gira en torno a la supuesta divulgación de correos entre el fiscal Julián Salto y el abogado del acusado por fraude fiscal en marzo de 2024, información que para la defensa ya era pública antes de que García Ortiz interviniera.
El juicio se presenta como un pulso entre la Fiscalía y representantes políticos y sociales que quieren condenar al fiscal general por daños a la imagen y presuntas filtraciones. La Fiscalía sostiene que fue una defensa legítima contra una campaña de desprestigio.
