La Fiscalía de Málaga solicitó el cierre del medio digital Alerta Digital y la prisión para su director, Armando Robles, por presunta incitación al odio, especialmente en sus informaciones sobre inmigración africana.
La acusación sostiene que la línea editorial del medio señala a la inmigración procedente de África como una invasión dirigida a destruir el pueblo europeo. El juicio contra Robles está programado para el próximo miércoles.
En exclusiva con Iberian Press, Robles negó rotundamente estas acusaciones. Defendió que Alerta Digital no centra su cobertura solo en la inmigración y que ha publicado más de un millón de artículos con pluralidad de temas y denuncias a diversas figuras públicas, incluyendo al Papa.
“Reducir nuestra larga etapa periodística a informaciones sobre ciertos colectivos es un grave error y un despropósito” dijo Robles.
El director sostuvo que defender el derecho a opinar sobre la inmigración legal e ilegal está amparado por la Constitución y aseguró que el medio respeta a comunidades musulmanas pacíficas, diferenciando siempre el islamismo radical. Rechazó así la idea de que su medio mantenga un discurso de odio contra árabes o musulmanes.
Robles rechazó también las actuaciones de la exfiscal María Teresa Verdugo Moreno, encargada de la acusación, actualmente en un cargo del Ministerio de Igualdad y vinculada al sanchismo.
“Por fortuna vivimos en España. De vivir en Pakistán o Afganistán, la fiscal me habría pedido la pena de muerte”, afirmó Robles.
El abogado del medio, Estanislao de Kostka, uno de los juristas más destacados del país, lidera la defensa asegurando que la causa es un “ataque político y personal” que busca censurar a Alerta Digital por su línea editorial conservadora y crítica con las élites y la inmigración ilegal.
Robles también cuestionó la “diferencia de trato” judicial según la nacionalidad del agresor o la víctima, denunciando que algunos delitos se califican de “xenofobia” solo cuando afecta a inmigrantes, mientras otros casos similares son tratados como delitos comunes.
El director cargó contra el concepto de “delitos de odio” aplicado de forma arbitraria y resaltó que todas las demandas anteriores contra su medio, surgidas principalmente del entorno independentista catalán, han sido sobreseídas.
El caso de Alerta Digital pone en el centro el debate sobre los límites de la libertad de expresión y el rol de la Fiscalía en casos sobre contenidos digitales con carga política y social sensible.
El juicio comenzará esta semana en Málaga y la resolución marcará un precedente para medios digitales criticados por su línea editorial en España.
