Santiago Berjano, jefe del Servicio de Minas, denunció este jueves ante la comisión parlamentaria que investiga el accidente mortal en la mina de Cerredo que el siniestro del 31 de marzo fue consecuencia de una “actuación clandestina” con “estrategia de ocultamiento”.
Berjano calificó la situación en Cerredo como “atípica” porque una empresa compró concesiones de unidades productivas en cierre por un millón de euros, para después actuar sin autorizaciones. Según el jefe de Minas, la dirección y parte del personal involucrados buscaron esconder la actividad minera, lo que dificultó las inspecciones y la investigación.
“Cuando hay una connivencia de la dirección y de todo el personal… si te quieren ocultar la labor, te la ocultan, y no la vas a ver”, afirmó Berjano.
La inspección realizada el 8 de abril tras el accidente mostró condiciones irregulares: dos huecos con extracción de carbón sin permisos, ventilación deficiente y zonas en riesgo de hundimiento. Berjano describió la mina como un “prau de romería” debido a la presencia de múltiples grupos antes de la inspección oficial, reflejando una falta de control y seguridad.
El responsable destacó que nunca antes el Servicio de Minas se ha enfrentado a una situación similar, y advirtió que tras el accidente sobre ellos recae una presión enorme por parte de la prensa y los expertos externos, mientras que el juzgado de Cangas del Narcea ha optado por profesionales externos para investigar en lugar de los técnicos del Principado.
Berjano agradeció la comisión parlamentaria ya que el Servicio de Minas, bajo estrés y sin poder declarar libremente, no había tenido hasta ahora un espacio para explicar su versión.
El accidente de 2022 que dejó un muerto y un herido también se relacionó con extracción de carbón no autorizada. En ese momento se abrió una investigación sobre infracciones, pero solo al aparecer indicios claros. El jefe de Minas apuntó que toda la cadena de eventos es un reflejo de mala gestión, falta de inspección efectiva y ocultación deliberada de actividades ilegales.
El caso de Cerredo pone sobre la mesa graves fallos en control y seguridad minera que podrían tener consecuencias para la regulación y la responsabilidad legal de las concesionarias.
