La Diputación de Ourense aprobó este martes nueve expedientes para destinar 457.959,45 euros en ayudas a municipios y entidades de la provincia. El presidente provincial, Luis Menor, detalló que 100.000 euros irán a “funcionamiento y mantenimiento” de 58 asociaciones vecinales, y otros 62.400 euros a cooperación con entidades como el Club de Fútbol Cented Academy y la Fundación Ramón González Ferreiro.
Además, cerca de 300.000 euros se destinarán a mejoras en varios ayuntamientos, entre ellos Castrelo de Miño, Cenlle, Piñor, Vilar de Santos, Vilarino de Conso y Cortegada. Las partidas van dirigidas a proyectos de iluminación pública, pavimentación, eficiencia energética y nuevos equipamientos.
Menor anunció también que este miércoles la Diputación presentará en la Comisión de Hacienda un expediente para modificar el crédito por 6,2 millones de euros. El objetivo es ayudar a los municipios afectados por la última ola de incendios para cubrir necesidades extraordinarias municipales.
“Solo podemos usar poco más de seis millones de los 24 millones de remanente por las reglas fiscales impuestas por el Gobierno central este 2024”, explicó Menor, que calificó estas limitaciones de “injustas” para ayuntamientos y diputaciones infrafinanciadas.
Sobre el transporte metropolitano, Menor confirmó que las reuniones quedaron paralizadas tras los recientes cambios en las líneas urbanas de autobús de Ourense. La Diputación ha solicitado al Ayuntamiento información precisa sobre líneas, frecuencias y costes para valorar la ejecución del acuerdo.
En cuanto al modificativo de crédito aprobado por 25,7 millones en el Ayuntamiento de Ourense, Menor criticó la falta de consenso durante el pleno extraordinario, señalando que la oposición popular pedía aplazar para negociar y que el alcalde Gonzalo Pérez Jácome aprobó el paquete completo sin acuerdo. También puso en duda las justificaciones del PSOE local sobre urgencia por fondos europeos.
Las ayudas forman parte de una estrategia para impulsar la recuperación local y atender servicios públicos, en un contexto de restricciones fiscales que limitan la capacidad de gasto provincial.
