María Farnés Martínez, Fiscal Superior de Canarias, advirtió hoy que fijar la edad de los menores migrantes en un plazo de 15 días es “un error” y reconoció la “dificultad” que supone.
La polémica surge tras la reforma de la ley de extranjería que establece este límite para determinar si los migrantes que llegan a las costas son menores de edad. Farnés Martínez explicó que en muchos casos no hay documentación fiable y que los jóvenes llegan sin pruebas concretas, lo que obliga a realizar pruebas óseas que exceden el plazo legal.
Además, la fiscal detalló que para los menores localizados en lugares como El Hierro, el proceso prolongado de traslado a Tenerife, evaluación médica y estancia en centros de menores hace imposible respetar esos 15 días.
“Lo ideal hubiera sido que se pudiera determinar la edad lo más rápido posible, pero que una vez determinada fuera cuando los remitieran a la Península”
Según Farnés, si la edad no queda fijada en ese tiempo, la responsabilidad recae en la comunidad de destino, lo que “corre el riesgo de que vayan mayores”. También adelantó que “muchos de estos jóvenes no saben su edad exacta” porque sus países de origen tienen registros civiles muy deficientes.
La Fiscalía está saturada en áreas de extranjería y trata de seres humanos debido al aumento de migrantes en Canarias, con más trabajo en investigaciones y procesos de edad. Pese a la mayor presión, Farnés descartó que haya un aumento de la criminalidad imputable a la inmigración.
La fiscal también alertó sobre el incremento de delitos vinculados a redes sociales, con acoso tanto a menores como a mujeres adultas, “un reflejo de cómo se comunican hoy día”.
Carencias en infraestructuras y atención a víctimas
Farnés Martínez criticó la falta de infraestructuras judiciales adecuadas en Tenerife, especialmente para la atención a mujeres víctimas de violencia. Señaló que sólo existe un juzgado especializado en Santa Cruz, que atiende además a zonas cercanas, y que no hay espacios donde las víctimas puedan declarar con dignidad y privacidad.
“No hay un lugar humano con servicios mínimos para que una mujer recién agredida pueda entrevistarse con su letrado en condiciones dignas”, denunció.
Finalmente, en asuntos medioambientales, la Fiscalía registra un descenso en denuncias, ligado a la reducción de casos tras una reparcelación en el sur de Tenerife el año pasado.
