La Guardia Civil confirma que José Luis Ábalos, exministro de Transportes, organizó una fiesta con prostitutas en el Parador de Teruel los días 15 y 16 de septiembre de 2020, cuando aún regían restricciones de movilidad por la pandemia.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) desmonta la versión oficial que negó cualquier celebración en el Parador y desmiente las declaraciones de la ministra Pilar Alegría, que había asegurado no observar irregularidades ni fiestas durante la estancia del ministro.
Ábalos, uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, viajó oficialmente para una visita al corredor ferroviario Teruel-Valencia, pero la UCO sostiene que aprovechó su allí para encuentros con varias mujeres vinculadas a fiestas privadas. Testigos ubicaron al exministro participando en estas reuniones dentro del hotel público.
El Gobierno reconoció que corrió con todos los gastos derivados de esta fiesta, aunque el informe policial detalla que las facturas no declaradas superan los 20.000 euros. Estos gastos se cargaron a cuentas controladas por su exasesor Koldo García y la exesposa de este, Patricia Úriz.
Solo en billetes de tren y transporte se gastaron más de 4.000 euros, incluyendo 490,25 euros del viaje a Teruel. La Guardia Civil señala que esta operativa no era excepcional: Koldo y su entorno financiarían desplazamientos y alojamientos para mujeres vinculadas a Ábalos en distintas ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona y Almería.
El director del Parador de Teruel, Joaquín Gutiérrez, también negó en repetidas ocasiones estas fiestas, pero el informe policial contradice sus versiones y evidencia la implicación directa del círculo cercano del exministro en la financiación de encuentros privados con dinero de origen desconocido.
El escándalo pone en evidencia la protección política que ha blindado durante meses a Ábalos, afectando al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE, que intentaron minimizar las acusaciones señalando motivos personales y políticos contra la ministra Alegría.
El caso sigue su curso judicial, mientras la Guardia Civil amplía la investigación para determinar el origen de los fondos y si existen delitos relacionados con corrupción y financiación ilegal. Por ahora, las pruebas apuntan a una estructura compleja para ocultar pagos vinculados a fiestas privadas con recursos no justificados.
