La sanidad pública de Aragón ha visto un aumento de más del 20 % en su índice de privatización desde 2014, según el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). El índice pasó de 17 puntos en 2014 a 24 en 2024, situando a la comunidad en sexto lugar en el ranking nacional.
Este balanza mide variables como el porcentaje de personas con seguros privados, camas en hospitales privados o consultas con profesionales externos. Aunque Aragón registra una “velocidad intermedia” en la privatización, el crecimiento es significativo y se enmarca en una tendencia similar en comunidades como Andalucía, Extremadura, Canarias y Comunidad Valenciana.
Madrid y Canarias encabezan el ranking con 28 puntos, mientras Cantabria es la comunidad con menor privatización con solo 14. En gasto per cápita en seguros privados, los aragoneses destinan 205 euros, lejos de Madrid con 376 euros, pero claramente por encima de Murcia, Navarra o Cantabria.
En gastos directos de bolsillo no cubiertos por la sanidad pública, Aragón es también de los que más aportan, con 659 euros por persona al año. Este esfuerzo privado acompaña a un 4,8 % de población que, cubierta por mutualidades, elige la atención sanitaria privada, solo superado por Castilla y León.
El informe destaca la “falta de transparencia” reiterada de muchas comunidades, que dificultan un análisis riguroso sobre la privatización a nivel nacional. La FADSP alerta sobre el impacto de las políticas privatizadoras en los últimos años, especialmente en Andalucía, que desde 2019 ha incrementado su privatización en más del 32 %.
Además del índice general, el informe revela datos como el porcentaje de camas hospitalarias en centros privados y el gasto en concertación con clínicas privadas. Cataluña lidera en gasto concertado (21,7 %) y Navarra en camas hospitalarias privadas con casi el 30 %.
En la práctica, el aumento de la privatización supone más recursos destinados a entidades privadas y mayor desembolso particular para los ciudadanos. La tendencia que apunta este informe marca un cambio notable en la estructura y financiación sanitaria en Aragón y otras regiones.
