La Real Academia Española (RAE) dio este viernes un paso firme hacia la transparencia: su director, Santiago Muñoz Machado, reclamó que el lenguaje claro sea reconocido como un derecho constitucional y una obligación ineludible para los poderes públicos. Esta propuesta será uno de los pilares del X Congreso de la Lengua Española que se celebra en Arequipa, ciudad natal del Nobel Mario Vargas Llosa, homenajeado en el evento.
Muñoz Machado advirtió que sin un idioma accesible “no hay democracia ni justicia”. Actualmente el complicado lenguaje legal y administrativo permanece ajeno a la claridad, lo que limita el acceso real a derechos y decisiones públicas.
“Una ley oscura no es ley; una sentencia confusa no es admisible y una comunicación ininteligible no es aceptable”
En América, este déficit se agudiza con políticas cargadas de insultos y obscenidades que para Muñoz Machado son cortinas para ocultar la ineptitud. Trump fue mencionado como ejemplo extremo de esta tendencia, aunque negó que la lengua española corra peligro frente al inglés en EEUU. Según el académico, ya hay 60 millones de hispanohablantes en Norteamérica y en dos décadas serán un tercio de la población total.
El Congreso abordará además los desafíos del mestizaje lingüístico y cultural, la inteligencia artificial, y la creación literaria y de derechos de autor. La RAE avanza en adaptar la tecnología a la normativa académica y en proyectos como el programa LEIA para monitorear el uso real del idioma y responder dudas.
También se presentarán diez tomos del Diccionario Histórico de la Lengua Española, una antología de César Vallejo y un libro homenaje a Vargas Llosa, junto con el “Diccionario Vargas Llosa” preparado por el Instituto Cervantes.
El director de la RAE apela a consolidar la unidad del español frente a la fragmentación digital y cultural, y a fortalecer la red transhispánica de lenguaje claro, que ya agrupa a más de 550 instituciones entre tribunales, parlamentos y defensores del pueblo.
Arequipa se convierte así en escenario de un debate clave para la supervivencia política, cultural y social del español, con medidas que podrían sentar precedentes en países de habla hispana y, en especial, en España, donde la transparencia en la comunicación pública es una demanda creciente.
