El Ayuntamiento de Lérida, liderado por el socialista Félix Larrosa, ha desatado una nueva controversia tras ceder un solar municipal para que la comunidad musulmana Ibn Hazm, la más numerosa de la ciudad, construya una mega-mezquita.
La parcela, ubicada en el polígono industrial Camí dels Frares y de 8.429 metros cuadrados, fue inicialmente ofrecida en una licitación abierta, que quedó desierta en abril de 2025. Tras el fracaso del concurso, el Ayuntamiento ajustó las condiciones económicas, rebajando el canon anual de 61.000 a 40.000 euros, y optó por adjudicarla directamente a Ibn Hazm.
Esta adjudicación directa, con concesión limitada a 50 años, responde a la reivindicación del grupo para contar con un espacio fijo, tras años de prácticas religiosas en la vía pública o en locales alquilados, incluyendo ocupaciones masivas en espacios como el canal del Segre.
Los críticos no tardaron en salir. Vox acusa al gobierno local de ceder ante presiones comunitarias y de favorecer la expansión del islamismo. Por su parte, Aliança Catalana denuncia que el Ayuntamiento prioriza el integrismo y la segregación por encima de los intereses de los ciudadanos.
Además, la Asociación de Empresarios del Camí dels Frares rechazó la ubicación de la mezquita en la zona industrial, advirtiendo problemas de movilidad y cuestionando el cambio de estrategia municipal. En sus palabras,
«Es curioso que cuando se hizo el concurso quedase desierto y ahora hagan una adjudicación directa; ya podrían haber hecho algo parecido para facilitar la implantación de empresas en lugar de un centro de culto»
.
La historia de Ibn Hazm en Lérida arrastra años. En 2010 cerraron la antigua mezquita por sobreaforo —la Guardia Urbana detectó hasta 1.200 personas en un espacio para 240— y la presión política contra su imán, Abdelwahab Houzi, vinculado con corrientes salafistas radicales, llevó a su salida a Arabia Saudí.
Desde entonces, la comunidad ha buscado un lugar fijo para sus prácticas religiosas sin éxito. La última propuesta en 2023 para trasladarse a un solar en Camí dels Frares fue rechazada inicialmente por estar lejos y tener costes altos. La negociación y reducción del canon han sido clave para desbloquear la situación.
El Ayuntamiento defiende que esta maniobra responde a proteger los derechos religiosos y evitar que miles de fieles tengan que rezar en la calle, garantizando un centro acorde a las necesidades de la comunidad.
La polémica llega en un momento de fuerte debate sobre integración y seguridad, con voces que alertan sobre posibles riesgos y otras que reclaman respeto a la libertad religiosa. Lérida queda ahora en medio de un choque político y social que continuará esta semana.
