Un grupo de las principales organizaciones de conservación marina ha lanzado un aviso urgente al Congreso español para reforzar la lucha contra la pesca ilegal. ClientEarth, Ecologistas en Acción, EJF, Oceana, SEO/BirdLife y WWF reclaman que la nueva Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima incluya una obligación clara para identificar a los propietarios reales de las embarcaciones pesqueras.
La ley, aprobada recientemente para actualizar el marco de control pesquero según las normas europeas, fortalece inspecciones y sanciones, pero no exige transparencia sobre quiénes se benefician realmente de las actividades pesqueras. Esta laguna, advierten, puede facilitar delitos graves como pesca ilegal, trabajo forzoso, tráfico de drogas o trata de personas.
Ignacio Fresco Vanzini, asesor político de Oceana en Europa, reconoce que la ley es un paso adelante para España, que se posiciona como referente en gobernanza oceánica. Sin embargo, el blindaje legal falla al omitir la titularidad real de los barcos, práctica común que deja a intermediarios en la sombra y dificulta usar la ley contra las malas prácticas.
Investigaciones recientes muestran que un 23% de los 52 barcos fuera de la UE con posible riesgo de pesca ilegal están controlados por españoles y registrados en paraísos fiscales, lo que impulsa la opacidad. Clara Burillo, de la Environmental Justice Foundation, subraya que la transparencia es un estándar en otros sectores económicos y que protegerá la reputación de los pescadores responsables.
Clara Burillo: “Exigir información sobre la titularidad real permitirá distinguir entre buenos y malos operadores y cerrar lagunas en la aplicación de la ley.”
Por eso, las ONG instan a que el Congreso y el Senado obliguen a identificar a los dueños reales, otorguen poderes sancionadores efectivos y garanticen que esta información sea pública. Solo así, según aseguran, España podrá consolidar su liderazgo en la lucha contra la pesca ilegal y preservar los océanos.
