El Parlamento de Cantabria aprobó por unanimidad una proposición no de ley para reforzar el control de las viviendas de uso turístico (VUT) en la región. La iniciativa obliga a plataformas como Airbnb a verificar y mostrar el número de licencia autonómica en los anuncios, y plantea crear un mapa de riesgo por municipios con datos sobre densidad de VUT, evolución de precios y viviendas vacías.
La propuesta, impulsada por el PRC y modificada por PP y Vox, también pide actualizar el registro de empresas turísticas con datos del Registro Único estatal y municipal. Se exige a la Consejería competente y a los ayuntamientos recursos humanos y tecnológicos para realizar inspecciones periódicas en un plazo máximo de seis meses.
El ‘Mapa de riesgo VUT’ debe estar listo en ocho meses y servirá para gestionar la oferta turística y detectar zonas con mayor presión. Además, el texto insta a impulsar mecanismos legales para retirar anuncios sin licencia de inmediato y a diseñar un plan que incentive a propietarios a destinar viviendas al alquiler residencial permanente.
En el debate, Javier López Marcano (PRC) señaló que Cantabria tiene el porcentaje más alto de viviendas turísticas y criticó que el decreto autonómico vigente traslade la regulación a los 102 ayuntamientos, generando inseguridad jurídica y desconcierto. El PSOE coincidió en que el decreto actual es poco aplicable y que la llegada de personas jurídicas como grandes fondos puede afectar la convivencia urbana.
Desde Vox, Armando Blanco acusó al Gobierno regional de “dar una patada hacia adelante” sin diálogo con alcaldes ni un modelo único para toda la comunidad, criticando la “falta de seguridad jurídica”.
El popular Alejandro Liz defendió que las viviendas turísticas representan solo un 2% del parque y aseguró que la intención es ordenar, no prohibir. Sobre las personas jurídicas, explicó que un dictamen del Consejo de Estado avala su candidaturabilidad, y aseguró que solo tres de 52 declaraciones responsables corresponden a grandes empresas.
Apoyo para bloquear recortes en la PAC en Europa
Antes de esta votación, el pleno aprobó otra proposición no de ley del PP que pide al Gobierno central bloquear en Europa la propuesta del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 por recortes del 22% a la Política Agraria Común (PAC) y del 60% a la Política Pesquera Común (PPC).
La iniciativa fue apoyada por todos los grupos excepto el PSOE, que se abstuvo al destacar que las cifras aún no están cerradas y que la propuesta busca un modelo más flexible que dé más voz y capacidad de adaptación a las regiones.
El regionalista Guillermo Blanco cargó contra el PP por no presionar en Bruselas y culpó a sus socios europeos de impulsar los recortes. Desde Vox, Leticia Díaz responsabilizó a PP y PSOE por “firmar el acta de defunción de la PAC” con políticas como la Agenda 2030 o el Pacto Verde Europeo.
La propuesta también exige proteger las inversiones relacionadas con la PAC, rechazar fondos únicos que diluyan las ayudas y garantizar un presupuesto estable y suficiente para la PAC y PPC.
