La Plataforma Ciudadana Peaje Huerna No! ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y las Fiscalías Superiores de Asturias y León para exigir que Aucalsa deje de cobrar el peaje completo en la autopista AP-66 mientras duren las obras en los túneles del Huerna y la zona afectada por el desprendimiento desde finales de noviembre.
Las obras de adecuación de los túneles se extenderán desde julio hasta diciembre de 2025, pero la plataforma señala que el cobro del peaje íntegro durante este periodo es ilegal. Según su denuncia, los usuarios sufren retrasos de hasta 30 minutos debido a las obras y la falta de información clara sobre el impacto en la circulación.
La denuncia se basa en la sentencia 1441/2025 del Tribunal Supremo que anuló la prórroga del peaje en la autopista gallega AP-9 y busca aplicar un criterio similar a la AP-66. La Plataforma destaca que Aucalsa pertenece al mismo grupo empresarial que Audasa, concesionaria en la AP-9, lo que justificaría la extensión de la sentencia.
Daniel Ripa, exdiputado de Podemos y portavoz de la Plataforma, acusó a Aucalsa de “estar cobrando un peaje ilegal y en mala fe” y aseguró que agotarán “todas las medidas judiciales, sociales y políticas para que la empresa deje de cobrar y devuelva el dinero cobrado desde 2021, especialmente durante el último año de obras”.
“Parece claro que si no les importa que la Comisión Europea declarara ilegal la prórroga del peaje, menos les importa cobrar a precio de autopista un viaje que avanza a la velocidad de un ciclomotor”, afirmó Ripa.
Además de solicitar la paralización inmediata del cobro del peaje, la denuncia pide la devolución de los importes cobrados durante los años de obras, argumentando una vulneración de los derechos como consumidores de los conductores y transportistas afectados.
Se aportaron datos oficiales del Ministerio de Transportes y la Dirección General de Tráfico para demostrar el aumento de tiempos de viaje en los tramos afectados. La Plataforma reclama que la Fiscalía verifique el cumplimiento legal y obligue a Aucalsa a cesar esta práctica.
Este mismo lunes, la Unión del Pueblo Leonés presentó una denuncia similar en la Fiscalía de León, ampliando la presión sobre Aucalsa para que respete los derechos de los usuarios y la actuación de la justicia en este caso que se equipara al de la AP-9 gallega.
Aucalsa aún no ha respondido a las denuncias. La situación abre un conflicto jurídico y social en torno a la continuidad del cobro de peajes en autopistas con obras prolongadas que afectan gravemente la movilidad sin ofrecer descuentos ni compensaciones.
