Se reaviva la polémica en España tras la propuesta de blindar el aborto como un derecho constitucional, una medida que enfrenta críticas duras desde sectores conservadores y religiosos.
En un artículo publicado esta semana, la psicóloga y periodista Magdalena del Amo cuestiona abiertamente la legitimidad del aborto, considerándolo “un ritual deplorable” y equiparándolo a una pena de muerte injusta amparada por leyes irresponsables. Su crítica se vincula con la reciente iniciativa legislativa en la Comunidad de Madrid, que reconoce al bebé en gestación como miembro de la familia para garantizar beneficios sociales, una decisión que, según ella, representa un avance ético y un rechazo al aborto.
Del Amo dispara contra el actual Gobierno, sugiriendo que la discusión sobre el aborto se usa para “opacar la corrupción de Pedro Sánchez y sus allegados”, recordando también las polémicas declaraciones de Bibiana Aído, exministra que dijo: “es un ser vivo, pero no humano”.
La autora recurre a datos históricos para reforzar su postura, señalando que la Asociación Médica Americana declaró en 1859 que el aborto era “una destrucción innecesaria de la vida humana” y que, a finales del siglo XIX, definió a los médicos abortistas como “traidores”. Critica además que hoy la ONU y organismos internacionales apoyen posiciones proabortistas en el mundo, vinculándolas a ideologías de género y a una subcultura “woke” que defiende derechos con base en la ciencia y política modernas.
El texto denuncia que el aborto se ha impuesto globalmente con leyes financiadas por fondos públicos, y que en España se discute elevarlo a rango constitucional, un paso que Del Amo asocia con dictaduras comunistas por considerarlo un “control de natalidad totalitario”. Además, advierte sobre la falta de información a las mujeres sobre las posibles secuelas físicas y psicológicas del aborto.
El debate se enmarca mientras la Comunidad de Madrid impulsa su plan de protección a la maternidad, que otorga a las familias con bebés en gestación el estatus de familia numerosa, un reconocimiento sin precedentes en el país y que contrasta con la visión legal vigente en el resto de España.
Por otra parte, sectores progresistas defienden el derecho al aborto como una cuestión de autonomía personal y salud pública, argumentando que la legalidad garantiza seguridad y evita prácticas clandestinas peligrosas. El choque de visiones sigue sin solución, con la propuesta de blindar el aborto en la Constitución española intensificando el enfrentamiento.
Mientras tanto, el Gobierno aún no ha respondido oficialmente a las críticas ni ha aclarado si impulsará la reforma constitucional. La polémica promete acaparar la agenda política y social en las próximas semanas, en un país donde el aborto legal lleva más de una década vigente pero continúa fragmentando opiniones.
El debate sobre moral, derechos y políticas públicas en torno al aborto vuelve al primer plano en España, entre acusaciones de manipulación, defensa férrea de la vida desde la concepción y demandas por ampliar garantías para las mujeres.
