Ceuta vive un debate intenso sobre la ley del solo sí es sí, centrado en las rebajas de condena y el silencio que rodea a las víctimas. La abogada experta en violencia de género Rosa Rodríguez advirtió este jueves en un seminario que, pese a la polémica pública por las reducciones de penas, lo que realmente debe preocupar es “el silencio de las víctimas y de las autoridades”, que fomenta la impunidad.
Rodríguez explicó que aunque la norma ha sufrido críticas por facilitar rebajas al aplicarse retroactivamente para favorecer al reo, su impacto positivo es real y necesario. Antes, los delitos sexuales se dividían entre abuso y violación según la existencia de violencia física; ahora, con esta ley, se destaca el consentimiento explícito como núcleo del delito. Este cambio responde a marcos internacionales como el convenio de Estambul.
Una de las transformaciones más relevantes es que el acoso callejero entra al Código Penal, aunque sin pena privativa de libertad. Además, se endurecen los agravantes en violaciones: participación múltiple, violencia extrema, vejación, parentesco o autoridad, uso de armas o drogas son causas para subir la pena.
Rosa Rodríguez también criticó la falta de recursos para atender a víctimas, como los centros de crisis24 horas. Puso como ejemplo el de Córdoba, donde la atención no es integral ni se cuenta con juristas. Añadió que muchas mujeres rehúyen la compensación económica por miedo a ser juzgadas como falsas denunciantes.
La abogada señaló que solo el 8% de las víctimas denuncia, un dato que define la magnitud del problema oculto sobre violencia sexual. “Se transmite el mensaje de que las agresiones son gratis, que los agresores siguen libres sin pagar”, advirtió. Esto, a su juicio, es resultado del sistema garantista español, donde cualquier beneficio al reo puede aplicarse retroactivamente.
Los tribunales están divididos. Algunas Audiencias Provinciales no aplican reducciones de penas, otras sí, amparándose en cambios legales que no incluyen una cláusula de transición propia para esta ley. Rodríguez calificó esto como un “error” y una “grieta” aprovechada por una justicia patriarcal para rebajar condenas.
Avances y asignaturas pendientes
La ley introdujo medidas de prevención, formación especializada, y protocolos para detectar casos desde antes de que se consumen los delitos, además de mejorar la atención a víctimas con servicios de recuperación y acceso a vivienda.
Sin embargo, Rodríguez lamentó que se haya perdido la oportunidad de convertir los delitos sexuales en delitos públicos, lo que facilitaría la denuncia colectiva y la actuación. También criticó que no se haya incluido a las mujeres en prostitución, que quedaban previstas en el anteproyecto, y siguen siendo un grupo vulnerable sin protección específica.
Para Rodríguez, la norma era urgente para eliminar las diferencias de trato judicial según el agresor fuera pareja o conocido, y para posicionar a la víctima como titular del derecho a la justicia de forma clara, cumpliendo compromisos internacionales que España no había adaptado.
El debate público surgió con fuerza tras las protestas por el caso de La Manada, lo que obligó a adaptar el derecho a los cambios sociales. Rodríguez recordó que “el derecho es un paquidermo que avanza lento, pero la norma apuesta por mejorar la producción de datos, la formación y la calidad de la atención, aunque no se haya comunicado ese avance con igual energía que las polémicas”.
La fiscal María Arazuri apoyó la idea de que muchas rebajas han ocurrido en casos leves y reclamó que la interpretación judicial debe ser homogénea para evitar confusiones y desprotección de las víctimas.
El debate en Ceuta y en todo España sigue abierto, con la sombra de la impunidad y la urgencia de mejorar la justicia para las víctimas de violencia sexual.
