El Tribunal de Instancia número 1 de Torrelavega ha decidido procesar al exalcalde de Santillana del Mar, Ángel Rodríguez (PSOE), por un presunto delito de prevaricación administrativa en la gestión del aparcamiento municipal entre 2016 y 2023.
Según la resolución judicial, firmada por el magistrado Pablo Fernández de la Vega, Rodríguez fraccionó contratos con la empresa Iberpark para evitar convocar un nuevo procedimiento de licitación pública pese a las reiteradas advertencias del secretario municipal. El exregidor suscribió dos contratos menores consecutivos, sin informes técnicos ni estudios económicos que justificaran su cuantía, justo en el límite legal permitido.
El contrato original con Iberpark se firmó en 2016 y fue prorrogado hasta 2020. Tras su vencimiento, el secretario municipal insistió en que debía iniciarse un nuevo concurso público, pero el alcalde ignoró estos requerimientos y optó por extender el servicio mediante contratos menores. Después, acordó con Iberpark que siguieran funcionando “en calidad de precarista”, una figura que el interventor municipal declara inexistente en la legislación administrativa.
Rodríguez justificó esta irregularidad alegando la necesidad de que Iberpark realizara obras de mejora en el aparcamiento y la proximidad de las elecciones municipales. Sin embargo, tanto el secretario como el interventor consideraron estos argumentos inválidos y sin respaldo legal.
“Se hizo un fraccionamiento de contratos fraudulento con el propósito de eludir la contratación ajustada a las garantías legales establecidas”, indica el auto judicial.
Este auto cierra la fase de instrucción y remite las diligencias al Ministerio Fiscal, que tiene diez días para decidir si presenta escrito de acusación. Si lo hace, Rodríguez será llamado a juicio oral para defenderse de los cargos.
Quedan pendientes otras dos piezas del conocido ‘caso Santillana’: una por presuntas irregularidades en subvenciones al fútbol local y otra por el borrado de datos municipales en un tribunal diferente.
Por ahora, la empresa Iberpark y un funcionario municipal han sido exonerados del presunto delito de fraude en la contratación. También fue archivada la causa previa que afectaba a la actual alcaldesa, Sara Izquierdo (PRC), y otros implicados.
La acusación contra Rodríguez se centra en mantener un servicio público clave sin licitación y eludir la transparencia y la libre concurrencia en la contratación pública.
