El Govern del Partido Popular en Baleares, dirigido por Marga Prohens, ralentiza la aplicación de la ley sobre la vehicularidad del español en los colegios públicos y concertados que ha impulsado Vox tras el acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos de 2025.
Fuentes próximas al PP balear admiten en privado que temen reactivar el conflicto de hace más de una década, cuando en 2013 unas 100.000 personas se movilizaron en Palma contra el programa trilingüe promovido por el entonces presidente del PP, José Ramón Bauzá, una crisis que llevó a un hundimiento electoral y ocho años de desgaste político para ese partido.
En este contexto, ni el propio PP ni el Govern quieren confrontar abiertamente al profesorado, mayoritariamente catalanista y de izquierdas, que controla los centros y es capaz de movilizar protestas masivas. El conseller de Educación, Antoni Vera, ha insistido esta semana en que se siente “orgulloso” de sus docentes y ha defendido la autonomía de los colegios, a pesar de las denuncias por uso partidista del horario lectivo y las numerosas protestas con camisetas verdes desplegadas en muchos centros.
El texto original presentado por Vox buscaba eliminar la autonomía de los colegios para imponer la vehicularidad del español, algo que el PP ha rechazado frontalmente. El PP presentará una propuesta alternativa que adapte el uso del español y catalán a cada centro y cumpla la normativa vigente, aunque el documento aún no se ha hecho público.
El acuerdo vigente entre PP y Vox contempla la libertad de elección del idioma en los centros, pero en la práctica la opción por el español sigue siendo minoritaria. Vox alerta de que el Govern balear incumple el pacto y acusa a Prohens de miedo a enfrentarse a los docentes y a sus protestas emblemáticas.
“El Govern tiene miedo a los docentes y a las camisetas verdes”, sentenció Vox esta semana
Marga Prohens se encuentra en una situación política compleja: debe cumplir con Vox sin provocar una nueva crisis escolar que podría perjudicar electoralmente a su partido, mientras la izquierda vigila con atención cualquier paso en falso para reactivar el conflicto y debilitar al PP en Baleares.
Así, el debate sobre la presencia y el equilibrio del español y el catalán en las aulas continúa sin soluciones firmes, con tensión institucional y social latente que amenaza con resurgir en cualquier momento.
