Natividad, una jubilada de Sabadell, lleva cinco años atrapada en una larga batalla legal para desalojar a su inquilina, que acumula una deuda de 12.000 euros tras 25 meses sin pagar el alquiler.
La mujer necesita recuperar la vivienda para venderla y financiar un ascensor indispensable para su marido, que sufre insuficiencia respiratoria y cuyo presupuesto mensual es de apenas 1.250 euros de pensión. “No llegamos a fin de mes, necesito ese dinero ahora”, declaró Natividad.
La inquilina no quiere abandonar el inmueble, alegando problemas económicos y la situación de su hijo con discapacidad, lo que ha aplazado indefinidamente el desalojo a la espera de un juicio próximo. La jubilada reclama que los servicios sociales asuman la ayuda que ella no puede ofrecer.
Este caso refleja un fenómeno creciente en España conocido como inquiokupación, donde personas que alquilan legalmente dejan de pagar y se niegan a abandonar la vivienda. Según la Plataforma de Afectados por la Ocupación, hay más de 80.000 casos activos en todo el país, afectando especialmente a pequeños propietarios que dependen del alquiler para subsistir.
El proceso judicial para recuperar estas viviendas es largo y costoso, lo que genera debates sociales y políticos sobre la necesidad de reformas legales. Los propietarios reclaman más rapidez y garantías para proteger su derecho a la propiedad, sin perder de vista la urgencia de ofrecer soluciones habitacionales a quienes realmente no pueden pagar un alquiler.
Natividad estuvo en El Programa de Ana Rosa explicando la desesperación que sienten. “Nos deben 12.000 euros y no sabemos qué va a pasar”, afirmó. Subrayó que no quiere perjudicar a nadie pero tampoco puede asumir más impagos.
El caso de Sabadell pone en primer plano la tensión entre el derecho a la vivienda y el derecho de propiedad que España aún no ha logrado resolver. Mientras tanto, propietarios como Natividad enfrentan una doble carga: perder ingresos clave y soportar una lucha legal que pone en jaque su estabilidad económica y familiar.
