El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha aprobado hoy el pago de facturas pendientes del servicio de bus urbano por un total cercano a los 3 millones de euros, deuda que estuvo bloqueada desde junio debido a divergencias políticas.
La corporación municipal, integrada por el gobierno local formado por BNG y Compostela Aberta, junto al PSOE y concejales no adscritos, votaron a favor de desbloquear los pagos que estaban pendientes desde antes del verano. La oposición, representada por el PP, mantuvo su rechazo.
Las facturas corresponden a una cantidad de 402.093,27 euros a Autocares Rías Baixas y otra de 2.537.725,89 euros a TRALUSA. El pago había sido bloqueado tras la abstención de los concejales no adscritos y el voto negativo del PP en junio, situación que volvería a vivirse en mayo con la factura menor.
El concejal de Movilidad, Xan Duro, explicó que este retraso se debió al “descabezamiento del departamento de Tráfico”, y que con esta votación quedan todos los pagos regularizados.
Sin embargo, el respaldo de los concejales no adscritos llegó tras exigir dos condiciones: que las facturas se ajustaran a precios de mercado avalados por un estudio económico y que se desbloqueara la licitación del nuevo contrato de transporte urbano. Este informe técnico ha generado polémica y reproches del PP, que cuestionó su existencia y validez.
Gonzalo Muiños, portavoz de los no adscritos: “Apoyamos por responsabilidad y por empatía con las familias y trabajadores que dependen de estas facturas”
El alcalde socialista, Goretti Sanmartín, y Xan Duro defendieron que el expediente presentado es completo y que la nueva licitación estará lista entre octubre y noviembre, a pesar de que Muiños calificó ese compromiso como “un acto de fe”.
Por su parte, la edil del PP, María Rosario Ferreiro, criticó la “perpetuación de irregularidades” en la gestión y el alquiler “a dedo” de autobuses, responsable de estas deudas acumuladas.
La concejala socialista Marta Abal defendió el pago como un acto responsable puntual: “No podemos dejar de pagar servicios ya prestados”.
Con la decisión de hoy, Santiago pone fin a meses de bloqueo administrativo y político que comprometían la estabilidad financiera de las empresas de transporte y sus trabajadores, que dependían de estos cobros para sus nóminas.
