Un camionero con contrato desde 2007 fue despedido disciplinariamente este año por falta de interés, bajo rendimiento y perjuicios a la empresa, según consta en la notificación de despido.
Aunque podía reclamar y optar a una indemnización cercana a 19.283,56 euros si se declaraba improcedente, el trabajador no lo hizo. En vez de eso, se dio de alta en el paro y solicitó la capitalización para comprar un camión y trabajar por cuenta propia como autónomo.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) rechazó su petición alegando que el despido fue “instrumental” y que su verdadera finalidad era financiar su nuevo negocio mediante el paro, una práctica que califican como fraude de ley.
El SEPE sostiene que el despido disciplinario está condicionado a circunstancias que evidencian una intención oculta para impedir que el trabajador cobre su prestación bajo condiciones normales. Por ello, no autoriza la capitalización para este caso específico.
Este rechazo deja en el limbo a un profesional del transporte que buscaba reinvertir su prestación en autoempleo tras una relación laboral de 17 años y un fin abrupto con acusaciones de bajo rendimiento.
La normativa permite capitalizar el paro para iniciar una actividad por cuenta propia, pero los casos sospechosos de manipulación del despido o intención de fraude suelen ser rechazados por el SEPE ante la falta de garantías.
El camionero aún puede recorrer vías legales para impugnar el despido o la denegación del SEPE, aunque el procedimiento podría alargar semanas o meses. De momento, no cobra indemnización y no dispone del capital para su proyecto.
Esta situación abre un debate sobre el control del uso de fondos públicos para el fomento del autoempleo y cómo las autoridades detectan posibles fraudes en las solicitudes de capitalización del desempleo.
