La Unión General de Trabajadores (UGT) ha calificado de insuficiente el refuerzo en seguridad en el Centro de Menores La Fuente de Ceuta, donde la plantilla de vigilantes pasó de dos a tres tras una agresión sexual denunciada a finales de agosto.
Pese al aumento, este fin de semana se produjo un nuevo episodio violento en unas instalaciones saturadas. Según UGT, que gestiona la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo en Ceuta, la plantilla actual no es capaz de garantizar la seguridad “con más de 300 menores internos y solo tres vigilantes”.
“No es lo mismo garantizar la seguridad para 50 personas y 15 trabajadores que cuando tienes 300 usuarios y siguen siendo los mismos efectivos de seguridad”
dijo Antonio Acedo, responsable del sector de Seguridad Privada de UGT en la ciudad.
Los centros de menores de Ceuta sufren una sobreocupación del 584%, según datos recientes del Gobierno local. Están diseñados para 132 plazas, pero albergan más de 560 menores, distribuidos entre La Fuente y el centro temporal Nueva Esperanza.
Esta saturación agrava la situación de seguridad. Solo esta semana, cinco menores fueron trasladados al Centro de Internamiento de Menores Infractores (Punta Blanca) tras un incidente en el que resultaron heridos tres vigilantes. La jueza dictó internamientos cautelares por delitos de desórdenes públicos, amenazas y lesiones.
El pasado agosto, un menor denunciado por una trabajadora social por agresión sexual también fue enviado a Punta Blanca; aquel enfrentamiento dejó dos vigilantes heridos y tras ese caso se incorporó un vigilante más, que también fue agredido recientemente.
Acedo denunció que la respuesta siempre llega tarde. “El problema es que siempre se amplía el equipo de seguridad cuando sucede lo que no han querido ver desde el principio. Cuando hay que recortar, se recorta en seguridad.”
Desde 1992, la ley ha dejado fuera a los vigilantes de seguridad de la consideración de agentes de la autoridad, lo que, según el sindicalista, facilita las agresiones contra ellos y dificulta su protección legal.
“Agredir a un vigilante parece gratuito porque la ley no reconoce el carácter público de nuestro trabajo”
añadió Acedo, que además comentó que se están manteniendo conversaciones con el Ministerio del Interior para revertir esta situación.
No solo los centros de menores sufren estos problemas: el sindicato reporta agresiones similares en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y en hospitales de Ceuta.
Para UGT, la solución pasa por aumentar el número de vigilantes en función real de la ocupación y dotar a cada miembro de funciones específicas y especializadas para gestionar mejor incidentes en un entorno tan sensible.
En resumen, Ceuta enfrenta una crisis urgente en la gestión y seguridad de sus centros de menores, que pone en riesgo tanto a los internos como al personal que los protege.
