La tensión política en Costa de Marfil escaló aún más este 21 de octubre cuando 32 manifestantes fueron condenados a tres años de cárcel por participar en una marcha ilegal prohibida por las autoridades días atrás.
La protesta, convocada por los dos principales partidos de oposición, fue un rechazo abierto a la exclusión de sus líderes, Laurent Gbagbo y Tidjane Thiam, del próximo proceso electoral, y para cuestionar la posible reelección de Alassane Ouattara, que busca un cuarto mandato.
Las manifestaciones fueron oficialmente prohibidas por el gobierno, que argumenta que representan un riesgo para el orden público. Más de 700 personas han sido detenidas en todo el país desde comienzos de octubre por participar en estas marchas o intentar bloquear vías, algunas bajo cargos que rozan el terrorismo, según el fiscal Oumar Braman Koné.
“La libertad de manifestar no debe confundirse con el desorden”, declaró la fiscalía durante el juicio.
Los acusados negaron haber participado en la marcha del 11 de octubre en Abiyán, asegurando que fueron arrestados en sus trabajos o mientras realizaban otras actividades cotidianas. Sus defensores ya anunciaron apelación ante lo que califican de decisión injusta y ausencia de pruebas.
Esta condena se suma a unas treinta sentencias similares emitidas la semana pasada. La situación se agrava con episodios violentos recientes, incluidos tres muertos —dos manifestantes y un gendarme— y el incendio de un edificio de la Comisión Electoral en Yamoussoukro el 20 de octubre.
El Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI) criticó el uso de la represión para acallar la oposición y pidió un diálogo político urgente, mientras que las autoridades fortalecen la seguridad con 44,000 policías y militares desplegados para asegurar la jornada electoral.
Expertos alertan sobre un clima muy polarizado y sin condiciones claras para un proceso electoral pacífico, aumentando el riesgo de más incidentes graves en los próximos días.
