El gobierno de Camerún admitió este martes la muerte de personas en las manifestaciones que siguieron a la reelección del presidente Paul Biya, de 92 años, por un octavo mandato consecutivo. Sin ofrecer cifras exactas ni fechas precisas, el ministro de Administración Territorial, Paul Atanga Nji, calificó las protestas como “ilegales” y afirmó que dejaron víctimas fatales y daños materiales en varias ciudades.
Las manifestaciones ocurrieron tras el anuncio oficial de la victoria de Biya con el 53,66% de los votos según el Consejo Electoral, mientras que su rival principal, Issa Tchiroma Bakary, denunció una “mascarada electoral” y rechazó los resultados.
Las protestas más violentas se registraron en Douala, capital económica, donde se reportaron al menos cuatro muertos durante un acto el domingo, según las autoridades locales. También hubo altercados graves en Garoua (norte), bastión de Tchiroma, donde él mismo aseguró estar protegido por cerca de mil personas y denunció ataques con “francotiradores” que habrían causado dos muertes adicionales.
El ministro Atanga Nji lamentó incendios y saqueos en edificios públicos, comercios y propiedades privadas en ciudades como Dschang, Ngon, Guider y Garoua. Acusó directamente a Tchiroma de “irresponsabilidad” y anunció acciones legales en su contra.
La tensión permanecía alta este martes en varias zonas. En Garoua, algunas tiendas abrieron tímidamente y el tráfico de moto-taxis comenzó a recuperarse, pero la población sigue cautelosa, con escuelas cerradas y miedo al resurgimiento de la violencia.
“La violencia puede explotar en cualquier momento. Esperamos que se calme”, dijo Boubakary, un joven de 26 años.
La Unión Europea condenó el “uso excesivo de la violencia” y pidió a las autoridades camerunesas transparencia, justicia y una investigación exhaustiva. El portavoz de la Comisión Europea, Anouar El Anouni, llamó a identificar responsabilidades claras para evitar violaciones de derechos humanos.
Previamente, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió la apertura de investigaciones y la calma en el país vía redes sociales.
Human Rights Watch criticó duramente la respuesta policial, calificándola de desproporcionada. Illaria Allegrozzi, analista senior para África, afirmó que las fuerzas de seguridad deben proteger a la población y no aumentar la violencia.
El analista de International Crisis Group, Murithi Mutiga, señaló que la legitimidad del mandato de Biya está “gravemente dañada” porque gran parte de la ciudadanía no cree en la transparencia del proceso electoral. Conminó al presidente a iniciar una mediación nacional urgente para evitar una escalada del conflicto.
En Douala, tras la represión del lunes, el gobernador regional, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, informó sobre 200 detenciones. Según él, la mayoría de los arrestados no eran militantes sino “vándalos, drogadictos y personas desocupadas”. La ciudad permanecía bajo fuerte custodia militar y policial.
Paul Biya lleva en el poder 43 años y es el jefe de Estado más longevo en ejercicio en el mundo. La reelección, aunque anticipada, no ha logrado aplacar la crisis política y social que atraviesa Camerún.
