El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó el 14 de octubre que carteles mexicanos están ofreciendo primas para atacar a agentes federales y sus familias, hasta 50,000 dólares por asesinato de altos funcionarios. La información se considera “creíble” y alerta sobre una amenaza directa contra los oficiales de ICE y CBP.
Desde hace años, los carteles emplean ciudades como Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Atlanta como centros de distribución de droga. Ahora, ante operaciones federales específicas, reaccionan con violencia e intimidación organizando ataques a través de grupos criminales locales.
DHS detalla un sistema de primas escalonado: obtener datos o fotografías de agentes puede pagar hasta 2,000 dólares, agresiones hasta 10,000 dólares, y el asesinato hasta 50,000 dólares. En Chicago, bandas como los Latin Kings manejan redes de observadores armados que vigilan a los agentes desde los techos para preparar emboscadas.
Esta vigilancia facilitó ataques recientes durante la Operación Midway Blitz, lanzada en septiembre para deportar inmigrantes irregulares en Chicago y seis estados vecinos. Los enfrentamientos con manifestantes y comunidades locales han sido frecuentes, aumentando la tensión política y social.
El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, criticaron duramente la postura federal y rechazaron el despliegue de la Guardia Nacional para proteger a agentes federales. Pritzker afirma que la ciudad está segura y que solo hay protestas legítimas frente a centros de detención ICE. Por su parte, Johnson prohibió el uso de propiedades municipales por agentes federales y denunció abusos contra residentes.
El expresidente Donald Trump acusó a Pritzker y Johnson de no proteger a los agentes y pidió encarcelarlos, mientras Pritzker respondió llamando a activar la destitución presidencial bajo el 25° enmienda.
El DHS también apunta que grupos como Antifa han bloqueado operaciones federales en ciudades como Portland y Chicago, lo que habría facilitado la evasión de deportaciones por parte de vinculados a los carteles.
“Estos grupos criminales han ordenado a sus aliados en EE.UU. vigilar, hostigar e incluso asesinar a agentes federales,” dijo la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.
La funcionaria denunció emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte como respuesta a la aplicación de leyes migratorias. Instó a gobiernos locales y estatales a apoyar la acción federal y a evitar políticas que incentiven la criminalidad.
El DHS habilitó líneas directas para reportar actividades sospechosas como vigilancia a los agentes o bloqueos de operaciones. La amenaza de violencia contra agentes federales marca un foco crítico en la escalada del conflicto migratorio y la seguridad interna estadounidense.
