El Partido Comunista Chino (PCC) ha renovado su estrategia de censura digital, dejando atrás la eliminación visible de contenido y adoptando un control invisible a través de algoritmos y filtros integrados en la infraestructura misma de la red.
Desde 2022, bajo regulaciones como las Disposiciones administrativas sobre la recomendación algorítmica, las plataformas en China deben registrar y someter sus motores de recomendación a la Administración del Ciberespacio. Esto les exige entregar auditorías detalladas que exponen cómo funcionan sus sistemas de clasificación y difusión de contenidos.
En marzo de 2024 Pekín inauguró un Centro de registro de algoritmos, un edificio de alta seguridad donde el uso de recursos digitales vitales —mercados de datos, infraestructura informática, resolución de disputas— queda condicionado al cumplimiento estricto de estas normas. La omisión significa exclusión total de la economía digital nacional.
El resultado es una censura que no borra ni sanciona abiertamente, sino que «entierra» información crítica o incómoda bajo una avalancha de contenido institucional. Por ejemplo, durante accidentes industriales en 2024, las imágenes y testimonios permanecieron en línea, pero fueron desplazados hasta desaparecer de la vista para el público general.
Esta técnica afecta sectores sensibles. En la salud pública, alertas tempranas sobre enfermedades respiratorias nunca aparecieron en los medios digitales abiertos, limitando la respuesta rápida de hospitales y autoridades. Los profesionales describen un silencio extraño en las redes, que impide medir la evolución real de crisis epidémicas.
Desde Pekín aseguran que la nueva arquitectura funciona sin fisuras visibles: no hay confusión por eliminaciones visibles, ni grandes picos de disidencia viral. Sin embargo, según expertos del Centro de análisis sobre China de Asia Society y la OCDE, el régimen genera incertidumbre para inversionistas y limita el desarrollo debido a la opacidad regulatoria y la aplicación arbitraria.
Esta «censura encubierta» ya cruza fronteras. Las mismas normas y tecnologías se imponen en plataformas globales que buscan acceso o asociación con China, o en países donde empresas chinas levantan infraestructura digital. En algunos casos, reguladores extranjeros aceptan este modelo para controlar sus propios flujos informativos.
Mientras la vigilancia digital se expande, la voz pública se reprograma: la censura no aparece como acto puntual, sino como un estado estructural del sistema de información. Un control que puede contener crisis y disidencias, pero que también genera una fragilidad ante choques mayores y un riesgo creciente para la transparencia y la libertad de expresión.
