La Asamblea Nacional frenó en seco el debate sobre la tasa Zucman incluida en el proyecto de presupuesto 2026, forzando un aplazamiento hasta más adelante esta semana. El gobierno sufrió sus primeros reveses el sábado, lo que obligó a reordenar el calendario de discusión.
La ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, informó poco antes de la medianoche que los artículos más urgentes serán debatidos este lunes, dejando la tasa patrimonial, defendida por la izquierda, para después. Esto frustró el ultimátum de los socialistas al primer ministro Sébastien Lecornu, que exigían medidas en justicia fiscal antes del lunes y amenazaban con censurar al gobierno.
El cambio en el orden de prioridad se justificó para asegurar la presencia del ministro de Economía Roland Lescure, quien debe atender compromisos fuera de París el resto de la semana. Pero para Manuel Bompard, líder de La France Insoumise (LFI), esta maniobra esconde negociaciones secretas con los socialistas que retrasan la tasa.
El sábado arrancó con victorias para la derecha. La Asamblea aprobó la desgravación total de las horas extras, un movimiento que costará 1.000 millones de euros y que fue calificado por Laurent Wauquiez, jefe del grupo LR, como un apoyo para “la Francia que trabaja”. A pesar de las críticas ministeriales sobre el beneficio mayoritario a los ejecutivos, la mayoría macronista votó a favor junto a LR y RN.
Más tarde, otro enmienda clave impulsada por Wauquiez, para indexar el impuesto sobre la renta a la inflación y evitar que 200.000 hogares más entren en el gravamen, fue respaldada por una sorprendente coalición de extrema derecha, derecha, parte de los macronistas e Insumisos. Esta decisión le costará al Estado 2.000 millones de euros y plantea el riesgo de comprometer la reducción del déficit, advirtió De Montchalin.
El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, añadió que la delicada situación fiscal del país amenaza con un “ahogo progresivo”.
Los debates se empantanaron cuando la izquierda intentó recortar el crédito fiscal para los servicios a domicilio, que ha pasado de 4.000 a más de 7.000 millones de euros en pocos años. La derecha y extrema derecha defendieron vehementemente este mecanismo, argumentando que genera empleo y combate el trabajo no declarado, lo que encendió aún más la confrontación.
El diputado RN Jean-Philippe Tanguy acusó al gobierno de “comprar votos socialistas”. De Montchalin respondió que se necesitan compromisos para tener presupuesto antes de fin de año. Por su parte, el socialista Philippe Brun interrogó a LFI sobre su acuerdo con LR para proteger a los más ricos mediante la enmienda de Wauquiez.
La líder ecologista Cyrielle Chatelain acusó al RN de ralentizar el debate para evitar votar la tasa Zucman, rechazada por la misma Marine Le Pen, quien confirmó que RN solo apoyaría un impuesto sobre la fortuna financiera que excluye la residencia principal.
En el gobierno, todavía buscan un acuerdo con los socialistas para acercar posiciones en la fiscalidad del patrimonio. El voto solemne sobre la parte de ingresos del presupuesto se espera para el 4 de noviembre, con debates apenas iniciados.
Además, la suspensión de la reforma de las pensiones, también vinculada a la negociación con los socialistas para evitar la censura, empezará a debatirse el lunes en comisión, aunque el presidente del Senado, Gérard Larcher, anunció que la reforma será reinstaurada luego del paso por la Asamblea.
