Varios ediles del Ayuntamiento de París, entre ellos la alcaldesa Anne Hidalgo, están en el centro de críticas por el uso controvertido de sus partidas para gastos de mandato.
La asociación Anticor, que vigila la corrupción y mala gestión pública, ha señalado ciertas facturas que levantan dudas sobre la moralidad y legalidad de esas cuentas. Su abogado, Jérôme Karsenti, advirtió que “hay que tener cuidado con la frontera entre la moral pública y la ley”, insinuando que aunque no todo rebase lo legal, sí genera un problema de imagen y ética.
Estas polémicas surgen en un contexto sensible para los cargos públicos franceses, donde el escrutinio sobre el manejo de fondos públicos es cada vez más intenso. Los gastos cuestionados no se restringen a Hidalgo, sino que afectan a varios miembros del consejo parisino, aunque la alcaldesa es la figura más visible y por ello la más atacada.
No se ha dado a conocer aún el monto exacto ni los detalles precisos de los gastos, pero el caso ha abierto un debate sobre los límites del uso legítimo de las partidas de representación y los riesgos reputacionales para los funcionarios electos.
El Ayuntamiento no ha emitido una respuesta oficial, mientras que grupos de vigilancia y oposición exigen auditorías y mayor transparencia.
Esta tensión llega en un momento en que la opinión pública está muy atenta a la conducta de los líderes locales por las repercusiones políticas que podría implicar de cara a próximas consultas electorales.
