Nuevas familias rechazadas en su derecho de asilo deben abandonar hoy sus alojamientos de emergencia en Francia, denuncian militantes y organizaciones. Desde hace tres semanas, la familia Labadzé, originaria de Geórgia, sobrevive en la calle y dentro de una banqueta de coche. El padre está enfermo y su hijo, discapacitado.
Esta mañana otras dos o tres familias con niños pequeños también recibirán el aviso de desalojo, confirmó el Afus 16, encargado de estos alojamientos en Saint-Yrieix, cerca de Angulema. El sistema está saturado y las expulsiones se multiplican, reconoció la organización.
Medios y defensores como Luc Marteau, portavoz de la Liga de los Derechos Humanos, califican estas medidas como «extremadamente brutales». Critican especialmente que la dirección del Afus 16, bajo Gérald Roger, condicione el acceso a un techo según el estatus administrativo y la existencia de una Orden de Salida del Territorio Francés (OQTF).
«Es ilegal, va contra el derecho incondicional al alojamiento de emergencia y no se respetan las vulnerabilidades», afirmó Marteau desde la protesta del lunes frente a las oficinas del 115 en Saint-Yrieix.
La Liga recuerda que hace un año logró una condena judicial contra la prefectura y el Afus 16 tras negarse a alojar familias que ya habían sido rechazadas del derecho de asilo. Pese a esto, los casos se repiten. Las organizaciones exigen información previa, confidencialidad y resistencia a la prefectura.
La prefectura llegó incluso a condicionar el alojamiento y atención médica a la familia Labadzé al compromiso de retornar a Geórgia, cuando su orden de salida está suspendida.
La semana pasada, el Tribunal Administrativo de Poitiers dio la razón a la prefectura, alegando un incremento en las plazas disponibles estos años. Pero las organizaciones no se quedan quietas: anunciaron la creación del colectivo «Pas d’enfants à la rue» para evitar más niños en la calle.
Por su parte, Gérald Roger reconoce la saturación: «Hemos alojado más gente que plazas financiadas. Para recibir a otros, debemos liberar espacio.» Añadió que cuando todas las opciones legales están agotadas y el único recurso es el centro de retorno voluntario, no puede ilusionar a las familias con soluciones imaginarias.
«Cuando una familia agotó todas sus vías, no voy a hacerles creer que el prefecto les concederá un permiso de residencia» dijo Roger.
La Liga concluye que el Afus 16 ha cruzado la línea al asumir funciones que corresponden al Estado, al condicionar el acceso al alojamiento según políticas migratorias y no necesidades humanitarias.
Hoy, las familias desalojadas se enfrentan a la calle, con personas enfermas y niños vulnerables en riesgo, mientras las ONG y colectivos siguen la lucha para frenar estas expulsiones.
