Una mayoría de franceses está al borde del hartazgo por la presión fiscal, la asistencia social y la ola creciente de incivilidades. Según un sondeo Elabe para BFMTV de septiembre, 81 % considera que sus impuestos se usan mal. Una cifra récord que refleja una profunda frustración.
El malestar va más allá de la fiscalidad. El 69 % dice aportar más de lo que recibe en ayudas públicas, y casi la mitad (49 %) defiende que todos deberían pagar el impuesto sobre la renta para garantizar la equidad. De hecho, 76 % cree que la asistencia está demasiado presente, y 46 % considera que el volumen total de ayudas sociales es excesivo, según un estudio Ifop para Contribuables associés.
Para muchos, la “Francia de los honrados” se siente traicionada. Trabajan, pagan impuestos y respetan las reglas, pero el sistema ya no valora ese esfuerzo. El politólogo Jérôme Fourquet señala a «los que se benefician sin trabajar», tanto entre los grandes ricos como en quienes dependen de la asistencia social.
La sensación es de injusticia con ejemplos concretos: en Seine-et-Marne, Pierre, un agente administrativo y arrendador, no logra desalojar a una inquilina conflictiva y teme recurrir a cortar el agua o la luz, pues podría enfrentar denuncias. En el norte, Jacquline, voluntaria de una ONG, denuncia la falta de compromiso incluso entre beneficiarios.
El caso del Dr. Mohamed Oulmekki, agredido por un paciente en Drancy y que solo logró una condena de trabajos comunitarios para su agresor, ilustra el sentimiento de impunidad. «¿Dónde está la justicia?», cuestiona.
«Nuestro sistema protege a los deshonestos contra los honrados», dice Olivier Babeau, presidente del Instituto Sapiens.
Babeau critica que se castiga al ciudadano que juega limpio y se ampara al que engaña, creando una cultura de la excusa que malogra la convivencia social.
Fourquet subraya que la «gramática moral» que antes privilegiaba el trabajo y la honestidad se ha invertido en aspectos de derecho y fiscalidad. Esto ha generado una fractura social profunda que no solo afecta a la economía sino también a la confianza pública.
Benoît Perrin, de Contribuables associés, alerta sobre la ira instalada en una parte creciente de la sociedad: la generosidad del Estado ahora se percibe como una obligación.
El descontento crece, las tensiones se palpitan en las calles y dentro del tejido social. Francia vive una nueva crisis de confianza donde las divisiones entre quienes contribuyen y quienes reciben ayudas públicas se amplían día a día.
