General Electric (GE) está en el centro de una masiva investigación por fraude tras un contrato energético de 1,1 millardos de dólares firmado en 2017 en Angola.
El acuerdo involucraba la venta y montaje de turbinas, entre ellas la TM2500, mediante el intermediario portugués Aenergy, una empresa estrechamente vinculada a la familia del ex presidente angoleño José Eduardo dos Santos. Según documentos a los que tuvo acceso Jeune Afrique, el acuerdo estaría plagado de sobrecostos injustificados, manipulaciones contables y falsificaciones de documentos.
El contrato, que prometía modernizar la infraestructura energética del país africano, fue cancelado tras estallidos de denuncias internas y presiones externas. El entramado de sobrefacturación y manejo opaco pone en cuestión la transparencia de grandes multinacionales estadounidenses en mercados emergentes con gobiernos cuestionados.
Aenergy habría inflado costos y desviado fondos con un apoyo tácito de algunos actores políticos locales. GE, aunque reconocida internacionalmente, cae en la diana por no haber controlado a su socio local ni los procesos internos, lo que abre un debate sobre la responsabilidad corporativa y el riesgo reputacional en África.
Este escándalo emerge en un contexto donde Angola, que depende fuertemente de su sector energético, busca atraer inversión extranjera sin repetir errores del pasado. El caso ya ha originado varias denuncias judiciales y auditorías que prometen revelar más detalles sobre el flujo de dinero y posibles cómplices.
Fuentes internas indican que la investigación podría extenderse más allá de Angola, apuntando a estructuras comerciales en Portugal y vínculos con otras compañías internacionales. GE aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso.
La crisis se da apenas ocho años después de firmado el contrato, lo que pone en entredicho la supervisión en grandes proyectos internacionales en el continente.
