Guillaume Kasbarian, diputado de Renaissance y artífice de la ley anti-squat de 2023, se volvió tendencia tras defender públicamente el récord de expulsiones locativas en Francia. El sábado 1 de noviembre, Kasbarian reaccionó en X (antes Twitter) a las críticas sobre el incremento de desalojos diciendo:
“J’assume ce record d’expulsions. La meilleure des préventions, c’est de payer son loyer. Ce n’est ni aux propriétaires ni aux contribuables d’assumer le coût des impayés. On devrait même aller plus loin dans le respect de la propriété privée et la rapidité des expulsions.”
Las palabras del exministro delegado de vivienda, que promovió esta estricta legislación junto a Aurore Berger, encendieron un fuerte debate en Francia. La ley permite a los propietarios cancelar contratos de alquiler inmediatamente ante impagos, buscando proteger la propiedad privada y evitar que se repitan ocupaciones ilegales.
Christophe Robert, director general de la Fundación para el alojamiento de desfavorecidos, criticó esta medida y apuntó que la ley prioriza la seguridad antes que la prevención. En una entrevista para france info, lamentó que las familias sean expulsadas sin recibir apoyo ni conocimiento de las ayudas disponibles, lo que agrava la situación social.
Ante esto, Kasbarian fue inflexible y reiteró que proteger a los propietarios y a los contribuyentes es vital, rechazando la idea de alivios que retrasen las expulsiones. Según él, el respeto a la propiedad privada debe ser absoluto y las expulsiones rápidas.
La controversia trascendió el debate técnico para convertirse en un tema moral y social. Mathilde Panot, presidenta del grupo La France Insoumise en la Asamblea, atacó duramente al diputado y denunció la brutalidad de su postura frente a la crisis de personas sin hogar, recordando que en 2024 murieron 912 personas en las calles de Francia, incluyendo bebés y ancianos.
También el ecologista Benjamin Lucas calificó a Kasbarian de uno de los “misérables politiciens orduriers et malfaisants”, criticando la generación política actual e implicando directamente al presidente Emmanuel Macron.
Las críticas no se limitaron a la política. En redes sociales esclataron los reclamos y las acusaciones en contra del diputado, con mensajes que calificaban sus declaraciones de “abiertas, odiosas y peligrosas” y pidieron soluciones reales como la construcción de viviendas dignas y la lucha contra la precariedad.
La ley anti-squat continúa siendo polémica. En defensa, Kasbarian sostiene que la única prevención efectiva es pagar el alquiler y que no se puede obligar a propietarios ni a contribuyentes a cubrir estos costos. Sin embargo, para organizaciones sociales la solución pasa por fondos de compensación que den tiempo a las familias para reorganizarse antes de quedar en la calle.
La tensión entre la protección de la propiedad y la emergencia social está lejos de resolverse, y la política francesa enfrenta otra prueba dolorosa en su gestión del derecho a la vivienda.
