El gobierno de Guinea, bajo la batuta de Mamadi Doumbouya, nacionalizó el 5 de agosto la mina de bauxita explotada por Guinea Alumina Corporation (GAC), filial del gigante Emirates Global Aluminium (EGA). La decisión apunta a reactivar una operación suspendida desde octubre de 2024 por un conflicto con el grupo emiratí sobre la construcción de una refinería de alúmina en el país.
La mina, situada en la región estratégica de Boké, es esencial para la economía guineana por la alta calidad de su mineral y el potencial para revertir la crisis que paralizó la producción en los últimos doce meses.
Pero la nacionalización no fue una medida bien recibida por GAC ni su casa matriz EGA, que ya amenazan con llevar el caso a arbitraje internacional. Fuentes cercanas al dossier revelan que el grupo emiratí mantiene una postura dura y no descarta acciones legales para defender sus intereses.
Doumbouya busca usar la nacionalización como una presión para forzar una renegociación rápida del contrato y asegurar que la minería vuelva a operar con mayor control estatal y mejores condiciones económicas para Guinea.
El movimiento se enmarca en un contexto de creciente tensión entre los gobiernos africanos y multinacionales mineras sobre la redistribución de beneficios y el control de recursos estratégicos. En Guinea, la bauxita es una de las principales fuentes de ingresos y empleo.
La paralización de la mina desde octubre del año pasado remató un endurecimiento del clima con EGA, que inicialmente retrasó la construcción de la refinería por desacuerdos sobre inversión y tasa de participación guineana.
Por ahora, ambas partes parecen abiertas al diálogo, pero la amenaza de arbitraje complica el panorama. El gobierno de Guinea busca evitar conflictos prolongados que afectarían la economía y la inversión extranjera.
Queda por ver si Doumbouya logrará usar esta jugada para recuperar control y renegociar bajo sus términos, o si el contencioso desembocará en un litigio internacional de larga duración.
