Italia aplicó desde principios de año un código de circulación mucho más severo para frenar los accidentes de tráfico y los primeros datos ya muestran un descenso en la siniestralidad. Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, se han retirado más de 43.000 permisos de conducir y los accidentes mortales bajaron un 8,4% respecto al año anterior.
El ministro de Transportes italiano, Matteo Salvini, defiende la reforma como un paso necesario para actualizar y endurecer la ley tras décadas sin cambios. El aumento de multas y la suspensión obligatoria del permiso para casos como el uso de drogas, alcohol o teléfono móvil al volante son parte de la estrategia.
Por ejemplo, el teléfono en mano ahora acarrea una suspensión de hasta 15 días y multas de entre 250 y 1.000 euros, muy por encima de las sanciones actuales en Francia, donde la multa estándar llega a 135 euros y la pérdida de tres puntos.
Las pruebas de detección de drogas han aumentado. En Roma, la policía realiza controles salivales aleatorios que detectan desde cocaína hasta cannabis. En caso positivo, la suspensión del permiso dura mínimo 10 días y las multas pueden llegar a 6.000 euros.
Pero no todos están satisfechos. Varias asociaciones de seguridad vial critican que la medida es demasiado represiva y que se ha descuidado la prevención, especialmente en temas de velocidad. Según esas fuentes, el exceso de velocidad combinado con alcohol o distracciones sigue siendo el factor más grave en accidentes mortales.
“La reforma es demasiado punitiva y no suficiente preventiva, eso también contribuye a que las carreteras no sean más seguras”
Los conductores en Roma aceptan la necesidad de controlar el móvil, pero algunos consideran otras sanciones como exageradas. El problema de la velocidad es reconocido incluso por los italianos, que admiten que suelen rebasar los límites urbanos, situados entre 30 y 50 km/h.
En Francia, el Gobierno también endureció sanciones por grandes excesos de velocidad, con penas que pueden alcanzar hasta tres meses de prisión y multas de 3.750 euros.
La experiencia italiana dará mucho que debatir sobre la efectividad real de las medidas estrictas contra la siniestralidad vial y hasta dónde debería llegar la represión frente a la prevención.
