La Asamblea Nacional francesa aprobó este jueves 30 de octubre una sorprendente resolución impulsada por el Rassemblement National para denunciar el acuerdo bilateral franco-argelino de 1968, en medio de una crisis diplomática que mantiene tensas las relaciones entre París y Argel desde hace más de un año.
Firmado el 27 de diciembre de 1968, el acuerdo fue diseñado para asegurar un flujo regular de trabajadores argelinos hacia Francia, entonces necesitada de mano de obra para sostener su economía. En el decreto de aplicación del 18 de marzo de 1969, se estableció que los argelinos no se rigen por el derecho común de inmigración francés, sino por un régimen especial que los excluye de la tarjeta de residencia clásica y los somete a un “certificado de residencia para argelinos”. En 2024, se emitieron 613.923 de estos certificados, según cifras oficiales del Ministerio del Interior.
Este régimen otorga ventajas exclusivas: los argelinos pueden establecerse libremente en Francia para ejercer actividades comerciales o profesiones independientes y acceden a un permiso de residencia de diez años tras tres años de estancia, antes que otros extranjeros, que deben esperar cinco. Además, en casos de reagrupamiento familiar, los familiares reciben un certificado de residencia de diez años desde su llegada si el miembro de la familia ya lo tiene.
Pero estas ventajas también acarrean limitaciones. Los argelinos quedan fuera de ciertos títulos migratorios recientes, como el “pase de talento” o la tarjeta para estudiantes en movilidad, lo que impide a sus estudiantes trabajar sin autorización especial para empleos temporales.
A pesar de tres revisiones parciales en 1985, 1994 y 2001, el acuerdo mantiene su régimen especial. Ahora, diputados macronistas sumaron críticas al señalar que esta regulación genera discriminaciones entre extranjeros en Francia. Un informe presentado mitad de octubre afirmó que las disposiciones “instituyen una discriminación entre extranjeros de nacionalidades diferentes en territorio francés”.
El texto votado el jueves abrió un duro debate sobre la vigencia y justicia de un acuerdo que aún hoy afecta a los casi 650.000 argelinos residentes en Francia. La resolución del RN amenaza con agudizar las tensiones diplomáticas y abrir una disputa política importante a pocos meses de las elecciones presidenciales.
Por ahora, la denuncia del acuerdo es simbólica, ya que la ley internacional que lo ampara prevalece sobre el derecho nacional francés. Sin embargo, en el horizonte está la posibilidad real de cambiar las reglas migratorias para los argelinos, un asunto que divide no solo partidos, sino también instituciones y organismos ligados a inmigración.
La polémica llega en un momento en que Francia busca redefinir su política migratoria, con el foco puesto en la integración y la igualdad de condiciones entre nacionales extracomunitarios. Este voto cuestiona el statu quo que acompaña la relación histórica y compleja entre ambos países.
Mientras tanto, miles de argelinos con el certificado de residencia antimoderno continuarán su vida cotidiana bajo un marco legal que podría cambiar pronto, si la presión política y diplomática avanza.
