París fue escenario este martes de una protesta masiva contra el controvertido acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La Confederación paysanne, rebelde fuerza agraria francesa, se unió a decenas de asociaciones ambientales para denunciar que el pacto, aprobado el 3 de septiembre, pone en riesgo a los agricultores y al planeta.
El foco de la alarma no es solo la presión sobre el sector agrícola europeo por la competencia desleal, sino también el impacto irreversible en la naturaleza. Según activistas y estudios recientes, la reducción arancelaria incentivará la expansión del ganado bovino y cultivos como la soja en áreas forestales sensibles, principalmente en la Amazonia y el Cerrado, dos ecosistemas ya al borde del colapso ambiental.
Maxime Combes, economista de Aitec, resume:“Las exportaciones crecerán, las cadenas productivas aumentarán su volumen y perderemos bosques.” Un informe conjunto de Instituto Veblen y ONG Canopée cifra en 700.000 hectáreas deforestadas adicionales durante los próximos seis años, un área equivalente a 66 veces la superficie de París.
Este desmonte significaría la liberación de hasta 471 millones de toneladas de CO2 que apenas se están controlando. La UE reconoce un impacto “mínimo” según sus modelos oficiales, pero la realidad refuta esa interpretación oficial y prende un nuevo fuego de críticas.
La controversia crece al señalar que las normas ambientales europeas, estrictas para su agricultura, no se aplican igual a las importaciones de estos países. Fanny Métrat, portavoz nacional de la Confederación paysanne, denuncia la entrada de carnes tratadas con hormonas prohibidas en Francia y pesticidas vetados en Europa.
Ante estas quejas, la Comisión Europea propuso cláusulas de vigilancia reforzada, pero para los críticos “son medidas superficiales que no apuntan a cambios profundos.”
Otro punto rojo es el posible retraso del reglamento europeo contra productos vinculados a la deforestación, que debía implementarse a finales de año y cuyo aplazamiento pondría en jaque la lucha ambiental.
Además, un mecanismo llamado “reequilibrio” previsto para diciembre 2024 podría permitir a los socios del Mercosur responder con medidas propias si consideran que las nuevas leyes europeas afectan el comercio, complicando aún más la voluntad de la UE de regular en sectores clave para el clima.
Desde París se había intentado forjar una minoría de bloqueo dentro de la UE para frenar el acuerdo, pero en meses recientes Francia ha moderado su postura y Macron afirmó en junio estar dispuesto a firmar antes de 2025 “bajo ciertas condiciones”. Esta actitud ha generado descontento y movilizaciones entre agricultores y ecologistas que ahora exigen que cumpla su promesa de oposición.
El sector automovilístico no queda fuera del fuego cruzado: el texto facilitará exportaciones europeas de coches con motores térmicos hacia Mercosur, justo cuando Europa planea prohibir la venta de vehículos nuevos contaminantes desde 2035.
Antoine Oger, del Instituto para la política ambiental europea, advierte que “el Mercosur permite acelerar intercambios en sectores altamente dañinos para el clima y el medio ambiente”, y señala que esto revela la tensión entre la necesidad de diversificación comercial y la prioridad de salvar el planeta.
Para los opositores, el pacto es una contradicción ambulante y representa un “retroceso de 10 años para las normas ambientales”.
Las protestas de hoy en París dejan claro que los desafíos por compatibilizar comercio y ecología están lejos de resolverse. Mientras tanto, la sombra del Mercosur avanza y con ella el riesgo para corredores forestales vitales y la salud climática global.
