Frédéric Juge, un fisioterapeuta de 62 años en Mantes-la-Jolie (Yvelines), está en el centro de una disputa judicial con la Seguridad Social (CPAM) que le exige devolver más de un millón de euros por una actividad considerada excesiva.
La CPAM denuncia que esta cantidad excede las prácticas permitidas y ha amenazado con desconvenirle, lo que podría excluirlo del sistema público. La defensa del fisioterapeuta pivota sobre la incorporación de nuevas tecnologías en su consulta, que supuestamente permiten acelerar algunos tratamientos y aumentar la autonomía de los pacientes.
“El kinesiólogo que solo hace masajes quedó atrás. Gracias a la tecnología, el trabajo es más preciso y los pacientes más autónomos”
Así explicó Juge su método en diálogo con Le Parisien, subrayando que la demanda supera la capacidad habitual y que se ve obligado a rechazar a personas.
Un colega de profesión declaró a la prensa local que nunca había visto un volumen tan alto en un día, calificándolo de “récord”.
Por su parte, seis kinesiterapeutas miembros de la Comunidad Profesional Territorial de Salud (CPTS 78) emitieron un comunicado para matizar malentendidos. Señalan que Juge no está siendo acusado de trabajar demasiado, sino de incumplir ciertas cláusulas contractuales con la Seguridad Social.
La CPAM ha remitido el caso al Consejo de Orden, órgano encargado de supervisar que los profesionales cumplan con la normativa vigente.
El lugar donde opera Juge, los Yvelines, es considerado un área con escasez médica, lo que alimenta la alta demanda sobre su consulta.
La situación deja en evidencia el desafío entre mantener el acceso rápido a tratamientos y respetar los límites establecidos para garantizar una atención de calidad.
