La multinacional francesa Lafarge enfrenta a nueve de sus antiguos responsables ante la justicia francesa por financiamiento del terrorismo en Siria. Se les acusa de haber pagado millones de euros a grupos jihadistas, incluido el Estado Islámico, para mantener operativa una planta cementera en Jalabiya, en el norte de Siria.
El juicio, que se desarrolla hasta el 16 de diciembre ante el tribunal correctionnel de París, involucra al exdirector general de Lafarge, Bruno Lafont, cinco exresponsables operativos y dos intermediarios sirios —uno de ellos prófugo con orden de arresto internacional.
Las transferencias ocurrieron entre 2013 y 2014 a través de la filial local Lafarge Cement Syria. Se pagó a grupos terroristas como Estado Islámico y Jabhat al-Nosra para asegurar el aprovisionamiento de materias primas y el libre paso de empleados y mercancías. La planta, construida con una inversión de 680 millones de euros y terminada en 2010, siguió activa a pesar de que otras multinacionales abandonaron Siria en 2012.
Lafarge evacuó solo a sus empleados extranjeros aquel año pero mantuvo a los trabajadores sirios en la planta hasta septiembre de 2014, cuando el EI tomó control total del sitio. La empresa fue investigada desde 2017 tras denuncias y una queja del Ministerio de Economía francés por violación de embargos.
Por el caso, Lafarge podría recibir una multa de hasta 1,125 millones de euros por financiar el terrorismo y sanciones aún mayores por incumplir embargos internacionales.
En Estados Unidos, Lafarge SA ya se había declarado culpable en 2022 de pagar casi 6 millones de dólares a organizaciones terroristas y aceptó una multa récord de 778 millones. Sin embargo, en Francia la defensa del ex-CEO Bruno Lafont niega conocimiento de los pagos y critica el acuerdo de culpabilidad, que según él daña la presunción de inocencia de los antiguos responsables.
“Espero poder defender mi honor y esclarecer zonas oscuras del caso, como el rol de los servicios de inteligencia franceses”, dijo Lafont.
Los fiscales indican que aunque hubo alertas internas y reportes hacia los servicios secretos franceses, eso no implica validación estatal a la financiación terrorista por parte de Lafarge.
Las organizaciones civiles como Sherpa – parte acusadora en el juicio – consideran este proceso clave para evaluar la responsabilidad de las multinacionales en zonas de conflicto.
Además del financiamiento, Lafarge está siendo investigado en otra causa por complicidad en crímenes de guerra en Siria e Irak, un capítulo aún en instrucción.
