Una protesta silenciosa pero contundente tuvo lugar durante el congreso MONDIACULT, evento cultural global organizado por la UNESCO en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre. Mientras se debatían políticas culturales y desarrollo sostenible bajo el lema “Liberar el poder de la cultura para el desarrollo sostenible”, un grupo de ciudadanos catalanes rompió el discurso oficial para denunciar la marginación sistemática de la lengua española en las escuelas de Cataluña.
El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, y otros funcionarios destacaron la importancia del respeto a la lengua materna para mejorar la educación y preservar el patrimonio cultural. Sin embargo, los manifestantes sostienen que en Cataluña ocurre lo contrario: se privilegia el catalán en la enseñanza y se relega el español a un segundo plano.
La manifestación, bautizada «Discrimination against Spanish speakers», reunió a un reducido grupo de personas que repartieron folletos en inglés y leyeron un manifiesto en español e inglés frente a los asistentes del congreso. Fue una clara llamada de atención a la comunidad internacional sobre una realidad oculta.
El choque fue inmediato. Un miembro vinculado al equipo de Urtasun o al alcalde de Barcelona pidió la expulsión del grupo, pero la policía permitió que continuaran hasta el final. Este episodio refleja un fuerte desacuerdo entre los compromisos multilaterales de España y la política lingüística real aplicada en ciertas regiones.
Discrepancia entre política y derechos lingüísticos en España
La UNESCO y la ONU insisten en que la educación debe comenzar en la lengua materna para reducir desigualdades y potenciar la inclusión social, principios recogidos en la Agenda 2030, especialmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 (educación de calidad) y 10 (reducción de desigualdades). La Unión Europea también defiende la diversidad lingüística como un derecho fundamental protegido por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.
A pesar de ello, en Cataluña y otras regiones bilingües, las entidades públicas no respetan completamente estos marcos internacionales ni la Constitución española. La política local utiliza la lengua como herramienta para promover identidades regionales, lo que genera tensiones sociales y un sentimiento creciente entre los hablantes de español de ser discriminados.
La polémica se trasladó incluso a las redes sociales, donde circuló un vídeo viral que mostraba cómo un individuo identificado como separatista trataba de manera humillante a una anciana en el metro, evidenciando la radicalización identitaria alentada por la educación y la política lingüística.
El manifiesto presentado durante MONDIACULT reclamaba la plena inclusión del español en el sistema educativo y cultural catalán, apelando a los compromisos internacionales que España ha suscrito pero que no aplica de manera eficaz. Este silencio institucional es un reflejo de la desconexión absoluta entre las políticas globalistas y la realidad vivida por millones de ciudadanos.
El debate no está cerrado. Cada vez más catalanes exigen libertad de elección en la lengua de enseñanza, cuestionando la estrategia oficial que prioriza el catalán en detrimento del español. La brecha entre los discursos oficiales en foros internacionales y la situación de la calle crece, mientras los ciudadanos buscan vías para defender sus derechos culturales y lingüísticos.
