Un informe de la Asamblea Nacional publicada esta semana critica la próxima reforma del precio de la electricidad, que entra en vigor el 1 de enero de 2026, por no proteger suficientemente a los consumidores ante la volatilidad de los mercados mayoristas.
La misión de la comisión de Asuntos Económicos, liderada por los diputados Philippe Bolo (MoDem) y Maxime Laisney (LFI), advirtió que el nuevo sistema expone a consumidores y empresas a los vaivenes del mercado, al eliminar el sistema Arenh vigente desde 2011. Dicho sistema obligaba a EDF a vender parte de su electricidad nuclear a precio fijo a competidores y grandes industriales.
Este mecanismo desaparece en diciembre de 2025 y se sustituye por un sistema que combina libertad para EDF para vender su producción nuclear y un impuesto llamado Versement nucléaire universel (VNU) para traspasar ganancias excepcionales a consumidores.
“Es un paraguas puesto muy alto y con agujeros por todas partes”
, resumió Laisney sobre los umbrales aún por definir que regularán el VNU, que según los parlamentarios dejará una protección débil frente a la volatilidad de precios.
El informe propone una reducción de las cargas fiscales sobre la electricidad para acercarlas a las del gas, y estudiar una tasa de IVA reducida al 5,5% para los consumos básicos de hogares vulnerables. Recurre además a un papel más fuerte del Estado para asegurar estabilidad.
Los diputados también subrayan el desafío de conciliar los resultados para EDF, que necesita generar ingresos considerables –estimados en 25.000 millones de euros anuales– para financiar nuevos reactores nucleares, cuyo coste y financiación aún no están claros. Sin embargo, no se prevé un precio mínimo para EDF en caso de caída en los precios del mercado, lo que agrega incertidumbre.
La reforma del mercado eléctrico busca adaptar Francia a las reglas europeas pero genera un debate intenso sobre el equilibrio entre competitividad, inversión en nuclear y protección de consumidores.
El plazo para arbitrar los umbrales del VNU queda en manos del Gobierno, que enfrenta una tarea compleja para no dejar desprotegidos a los ciudadanos durante las fluctuaciones energéticas. El informe parlamentario llama a reexaminar el modelo antes de su aplicación definitiva.
