Senegal acaba de aprobar una nueva tasa del 0,5 % sobre todas las transacciones financieras digitales, incluido el mobile money, los pagos con tarjeta, y transferencias bancarias. Esta medida fue adoptada por la Asamblea Nacional el 18 de septiembre y busca aumentar la recaudación fiscal en un sector que no estaba suficientemente gravado.
La tasa tiene un tope de 2.000 FCFA (alrededor de 3 euros) por operación y afecta a millones de usuarios que usan servicios digitales para movilizar dinero, especialmente en zonas donde la banca tradicional no llega. El Estado considera esta medida indispensable para ampliar su base tributaria y mejorar sus finanzas públicas ante un contexto económico complicado.
Pero los operadores de mobile money están en pie de guerra. Alertan sobre un efecto contraproducente: una vuelta masiva al uso del efectivo que frenaría el avance en inclusión financiera registrado en la última década. Según ellos, la carga fiscal podría ralentizar el crecimiento de un sector que ha permitido bancarizar a millones de senegaleses hasta ahora excluidos.
“Esta tasa puede hacer que muchos usuarios regresen al cash, lo que afecta no solo a las empresas, sino a toda la estrategia de modernización financiera del país”, confió un alto directivo de Wave, uno de los principales actores en el mercado del mobile money.
El contraste es claro. Por un lado, el gobierno con la necesidad urgente de fortalecer la fiscalidad. Por otro, las empresas con el riesgo de perder clientes y frenar la digitalización financiera. En Senegal, donde la economía informal aún domina, el impacto podría ser profundo, con efectos en el comercio y la vida diaria de millones.
Las primeras semanas tras la entrada en vigor serán claves para evaluar la reacción del mercado y de los usuarios. Algunos analistas advierten que si la tasa resulta demasiado gravosa, la economía digital podría estancarse justo cuando el mundo mira hacia África como una nueva frontera de innovación financiera.
El debate está abierto, y en Dakar se prepara un pulso entre el Estado y el sector privado que podría marcar el rumbo del ecosistema financiero del país.
