El gigante chino de la moda rápida Shein confirmó la apertura de seis tiendas físicas en Francia a partir de noviembre, en lo que califican como una “primera mundial”. La noticia desató indignación entre políticos y activistas que denuncian violaciones a derechos humanos, falta de transparencia y condiciones laborales abusivas en la producción de la marca.
El acuerdo firmado con la Société des grands magasins (SGM), que gestiona el BHV Marais en París y varias tiendas Galeries Lafayette en provincias como Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges, busca llevar la presencia de Shein al comercio tradicional francés y captar a sus 25 millones de clientes locales.
Frédéric Merlin, presidente de SGM, destacó que eligieron “al mejor e-comerciante”. Pero la elección no convence a figuras políticas como el diputado socialista Dominique Potier, que calificó la apertura como “un golpe de comunicación” y un “patazasco” de Shein ante las sanciones millonarias de la DGCCRF y CNIL, que suman 190 millones de euros.
El informe reciente de la OCDE denuncia la ausencia de transparencia en derechos humanos, condiciones de trabajo y seguridad ambiental de la firma. Potier advirtió que “detrás de estas vitrinas está el trabajo infantil, trabajo forzado y un impacto ambiental brutal”.
De hecho, Shein enfrenta críticas repetidas en Francia por prácticas que no respetan las normas sociales y ambientales vigentes. El diputado de Los Republicanos Antoine Vermorel-Marques también reprochó que la empresa no revise su modelo, y calificó como hipócrita la idea de que con estas tiendas se “revitalicen los centros urbanos” cuando compañías locales desaparecen frente a la competencia de plataformas online chinas.
Presión política para regular la fast fashion
Shein aprovecha el bloqueo del mercado estadounidense por aranceles implementados durante la administración Trump para reforzar su apuesta en Europa. Por eso, un grupo transversal de diputados ha pedido al Primer Ministro francés reactivar una comisión que discuta una ley para controlar la fast fashion, que incluye un sistema de bonus-malus para penalizar productos con alto impacto ambiental y social.
Esta legislación, apodada “ley anti-Shein” por la empresa, fue aprobada en ambas cámaras pero sigue sin ratificarse por la falta de una comisión mixta paritaria. Vermorel-Marques aseguró que el gigante chino “se aprovecha de la inestabilidad política para seguir con su modelo de negocio”.
En respuesta, el portavoz de Shein en Francia, Quentin Ruffat, defendió que la seguridad de sus productos es prioridad y recordó que su llegada en 2018 no es la causa principal del cierre de muchas tiendas en ciudades pequeñas. Además, afirmó que su alianza con SGM beneficiará a todas las marcas y ayudará a atraer un público más joven y conectado.
La polémica está servida: el duelo entre la expansión de un modelo de negocio cuestionado y la presión política por una moda más ética promete endurecer el debate público durante los próximos meses en Francia.
