El sindicato nacional de agentes públicos de la Educación (Snapen) presentó una denuncia contra el ministro Sébastien Lecornu por declararse titular de un máster en derecho público sin haber validado el último curso.
La denuncia fue enviada a la Comisión de Peticiones de la Cour de Justice de la République, informó el abogado del sindicato, Vincent Brengarth. Los sindicatos alegan que Lecornu usó un diploma que no posee “con conocimiento de causa”.
Lecornu salió al paso calificando las acusaciones de “polemica artificial” y anunció que interpondrá una denuncia por “denuncia calumniosa” contra el Snapen, según fuentes cercanas al Primer Ministro.
El escándalo comenzó cuando Mediapart reveló en septiembre que Lecornu no había obtenido el máster completo, solo el primer año equivalente a un Master 1. Pese a ello, diversos perfiles oficiales y presentaciones públicas afirmaban que tenía el máster terminado.
En una entrevista para Le Parisien, Lecornu aclaró que “validó la maestría en derecho, es decir el master 1” en la Universidad Panthéon-Assas, y pidió poner fin a una polémica que considera “una forma de desprecio social”.
El sistema universitario francés evolucionó tras reformas que ajustaron los títulos a Bologna europeo, eliminando la antigua “maîtrise” y creando dos niveles: master 1 y master 2. El sindicato subraya que Lecornu nunca terminó el master 2.
El abogado Brengarth admitió que no se requiere un diploma para ser ministro, y la falta de un máster 2 no implica incompetencia, pero critica la falta de transparencia que “daña la credibilidad de la universidad pública y la igualdad republicana”.
Gérard Lenfant, presidente de Snapen, comparó la situación con la lucha contra la falsificación de billetes por parte del banco de Francia, insistiendo en que no pueden permitir la impresión “de diplomas falsos” que abre puerta a fraudes.
En la página oficial del ministerio, Lecornu solo menciona “estudios de derecho en Paris 2 Pantheón-Assas” sin especificar título, mientras que su LinkedIn indica “Master, derecho público general, 2005-2008” sin aclarar que no finalizó el último año.
El choque entre el ministro y el sindicato trasciende ahora al ámbito judicial con querellas cruzadas. La polémica plantea preguntas sobre el rigor en la presentación oficial de credenciales académicas en altos cargos y pone bajo escrutinio la transparencia de los perfiles públicos.
