Hoy, en la jornada nacional de homenaje a los harkis, se hace un balance duro de la ley de indemnización aprobada hace tres años, el 23 de febrero de 2022. La legislación reconoce oficialmente la responsabilidad de Francia en las condiciones degradantes que sufrieron los harkis y sus familias tras ser repatriados de Argelia después de los acuerdos de Evian en 1962.
La ley otorgó un fondo de 310 millones de euros para indemnizar a las familias que vivieron en campamentos y hameaux forestales entre 1962 y 1975. Sin embargo, este proceso ha sido lento y la mayoría de los afectados consideran que las compensaciones económicas no alcanzan para reparar décadas de sufrimiento.
Hasta el 18 de septiembre de 2025, solo 22.542 harkis fueron indemnizados, por un monto total que supera 201 millones de euros. La Comisión Nacional Independiente Harkis (Cnih), junto con la Oficina Nacional de Combatientes y Víctimas de Guerra (ONACVG), gestionan los expedientes con gran lentitud. De hecho, Hacène Arfi, veterano del campamento de Saint-Maurice-l’Ardoise, lleva más de un año esperando una compensación que aún no ha recibido.
Un decreto emitido el 1 de noviembre de 2024 mejoró la indemnización para quienes vivieron en los campamentos de Bias (Lot-et-Garonne) y Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard). También se amplió el ámbito de aplicación el pasado 3 de septiembre, incluyendo a harkis que contribuyeron a proyectos como la construcción del zoológico de Lunaret en Montpellier.
“Era libre sin ser libre, y perdí a mi padre en Rivesaltes, desaparecido sin rastro. ¿Quién puede reparar eso?”, declara Rachid Guemrirene, que vivió en varios campamentos hasta 1976.
Para muchos descendientes, como Nadia Ghouafria, la ley llega demasiado tarde y la indemnización es insuficiente. Ella sacó a la luz la polémica del cementerio de harkis en Saint-Maurice-l’Ardoise y critica que las reparaciones apenas raspan la superficie del daño histórico.
El promedio de indemnización se sitúa en apenas 8.937 euros por persona, una cifra que contrasta con el abandono y las duras condiciones soportadas. Más de 9.000 solicitudes siguen pendientes o fueron rechazadas por no cumplir los criterios, muchos solicitantes ya fallecieron antes de la promulgación de la ley.
En resumen, Francia reconoce su culpa y ha puesto en marcha un mecanismo de reparación, pero los afectados critican la lentitud y la insuficiencia de la respuesta estatal. Para muchos, el trauma y las heridas de esta historia no tienen precio ni indemnización posible.
