La administración Trump acelera su impulso para revivir la producción de carbón en Estados Unidos al abrir más de 13,1 millones de acres de tierras federales para la minería, un paso que triplica lo previsto por la ley One Big Beautiful Bill Act.
El Departamento del Interior, a través del Bureau of Land Management (BLM), asignó concesiones en Alabama y Utah, y aprobó nuevos permisos mineros en Tennessee y Wyoming. Entre los mayores movimientos destaca la venta por 46 millones de dólares para explotar 14.050 acres en el condado de Tuscaloosa, Alabama, por parte de Warrior Met Coal Mining, que tendrá acceso a 53 millones de toneladas de carbón metalúrgico.
Esta ofensiva se apoya en decretos presidenciales firmados a principios de 2025 que declaran una “emergencia nacional energética” para simplificar regulaciones, presentar el carbón como mineral crítico y facilitar los permisos mineros. Estas medidas buscan responder al aumento récord en la demanda eléctrica motivada, entre otros factores, por el auge de la inteligencia artificial y la expansión de centros de datos.
Estados Unidos, que posee las mayores reservas globales de carbón, vio caer su uso en electricidad del 45% en 2010 al 10% en 2024. Pese al cierre de minas históricas y una reducción en la producción, la administración Trump relanza el sector bajando las redevances del 12,5% al 7% para el carbón extraído de terrenos federales, que suman casi 700 millones de acres en todo el país.
Expansión agresiva en seis estados claves
El BLM abrió terrenos en Montana, Dakota del Norte, Wyoming, Nuevo México, Utah y Colorado. Más del 85% de esas tierras son de tipo “split estate”, donde el gobierno controla los derechos mineros pero la superficie pertenece a propietarios privados o estatales, lo que puede generar conflictos. Entre estas áreas destacan zonas próximas a minas activas, como el yacimiento Black Butte, que prolongará su explotación hasta 2039, y el primer proyecto de exploración federal de carbón desde 2019 en Utah.
Además del carbón, algunas nuevas concesiones permitirán extraer minerales estratégicos como tierras raras, muy codiciadas para tecnología avanzada, reforzando el enfoque de seguridad energética del gobierno.
El plan de Trump busca revertir la histórica caída del sector, que ostentaba más de 880.000 mineros en 1923 y apenas llega a 45.476 empleados hoy, con la producción al nivel más bajo desde 1964: 512 millones de toneladas en 2024.
Con esta política, Trump subraya su apuesta por la industria tradicional de energía doméstica frente a la presión ambiental y la transición hacia renovables, en un contexto marcado por la creciente demanda eléctrica y la dependencia tecnológica global.
