El segundo concordato preventivo para autónomos en Italia cerró oficialmente esta semana con una adhesión inferior al 10% de los potenciales beneficiarios, confirmando la tendencia de rechazo a esta controvertida medida fiscal impulsada por el gobierno. Pese a los grandes descuentos tributarios y las amnistías especiales implementadas en 2024 y 2025 para captar a los profesionales independientes con altos índices de evasión, la respuesta ha sido mucho más tímida de lo esperado.
El Gobierno presenta la medida como un éxito, pero los números muestran otra realidad
El viceministro Maurizio Leo, responsable de la política tributaria, ha calificado el acuerdo como «un gran éxito» porque, según sus palabras, ha logrado que un número importante de autónomos salgan de la «zona de sombra» fiscal para entrar en un área de mayor confiabilidad. Sin embargo, los datos preliminares y las estimaciones de los profesionales fiscales contradicen esta visión optimista.
Según ItaliaOggi, solo alrededor de 40.000 autónomos han firmado el concordato en esta segunda edición para 2025-2026, una cifra muy inferior a los 584.565 adheridos en 2024, cuando la adhesión ya había caído del 13% al actual entorno del 8-9%. Esto en un universo de más de 2,6 millones de autónomos italianos que estaban llamados a formalizar acuerdos basados en los Índices de Fiabilidad Fiscal (ISA) y los regímenes simplificados del flat tax.
Estos porcentajes muestran un claro rechazo a la medida a pesar de los numerosos incentivos fiscales introducidos por el Ejecutivo. Además, la cifra pone en duda si la recaudación final superará o se acercará a los 1.6 mil millones de euros previstos inicialmente.
Los incentivos fiscales y las amnistías no lograron movilizar a los contribuyentes
Para hacer la medida más atractiva, el gobierno aplicó en el verano de 2024 varios descuentos y facilidades. La más importante fue la reducción fiscal durante el primer año del nuevo acuerdo, que solo gravaría el 50% del incremento en la renta pactada. Además, se establecieron coeficientes impositivos extremadamente bajos, entre el 10% y 15%, capaces de perdonar hasta el 70% de las cargas impositivas adicionales teóricas.
Sin embargo, estas ventajas económicas no bastaron para motivar una adhesión más amplia. Ante la escasa respuesta, el Ejecutivo lanzó un «ravvedimento speciale», una especie de amnistía para ponerse al día con impuestos no declarados entre 2018 y 2022. Esta medida ofrecía una tasa fija entre el 10% y 15% en función del nivel de confiabilidad fiscal, calculada sobre la renta ya declarada pero incrementada con un coeficiente vinculado a los ISA.
Los datos presentados en julio muestran que quienes optaron por esta amnistía pagaron o fraccionaron un promedio de apenas 6.700 euros para regularizar cinco años de evasión. Esta cifra apunta a una aceptación limitada, confirmando la baja disposición a formalizar acuerdos fiscales integrales.
Tras estas medidas «de incentivo», el Ministerio de Economía intentó recuperar la presión con campañas mediáticas agresivas contra la evasión, pero las adhesiones siguieron bajando.
Los beneficiarios reales del concordato serán pocos autónomos con ingresos al alza
Analizando quiénes se han aliado al concordato, surge un patrón claro: la mayoría firmó porque ya tenían índices fiscales aceptables y esperaban registrar ingresos más altos que justificarían un aumento fiscal dentro de parámetros controlados. En 2024, de los 460.000 autónomos sujetos a los ISA que firmaron, solo 160.000 tenían puntuaciones bajas antes del acuerdo y realmente aumentaron la renta declarada.
El resto eran perfiles más confiables que utilizaron el mecanismo para regularizar ingresos en ascenso, beneficiándose así de una extensión de credibilidad fiscal y ventajas tributarias. Entre los autónomos acogidos al flat tax, excluidos del segundo concordato, solo 120.000 optaron por el acuerdo, alentados también por la posibilidad de conservar este régimen especial incluso superando el límite de €85.000 de facturación anual.
Recaudación fiscal en duda y evasión persistente
Los analistas advierten que la recaudación efectiva podría quedar por debajo de lo esperado y hasta inferior a lo que el Estado podría haber captado si la medida no existiera. Esto se debe a que el concordato incentiva formalmente a declarar más ingresos solo a quienes ya están parcialmente en regla, mientras que los evasores más duros no entran en el esquema, prefiriendo no arriesgarse.
Además, un informe reciente de la Corte de Cuentas confirmó que muchos contribuyentes presentan de manera espontánea en su declaración de renta ingresos que no están registrados en su contabilidad oficial para mantener o recuperar un mejor perfil fiscal. En 2023, sin necesidad de acudir al concordato, hubo 166.118 casos de este tipo.
Esto sugiere que las estrategias de fiscalización en Italia siguen enfrentando serias limitaciones tecnológicas y operativas que dificultan el control efectivo de evasión en el sector de autónomos, donde la opacidad de ingresos es mayor, apuntando a que las medidas de «normalización» pierden fuerza frente al fraude persistente.
Balance y desafíos para la política fiscal italiana
La nueva edición del concordato preventivo representa un reto mayor para el gobierno de Fratelli d’Italia a la hora de controlar la evasión en un segmento crucial de la economía italiana. Mientras el viceministro Leo defiende la política como un paso para ampliar la base fiscal formal, los datos de adhesión y recaudación hablan de un fracaso para captar a los evasores estructurales y convertir el programa en una herramienta efectiva de regularización masiva.
En un momento en que las finanzas públicas italianas enfrentan presión creciente, la baja acogida a este instrumento deja un vacío preocupante. El plan diseñado para recompensar la buena conducta fiscal y sancionar la evasión no logra atraer suficientes contribuyentes, ni detiene el fenómeno central de ocultación de ingresos.
La política tributaria deberá enfrentar un dilema práctico: seguir esforzándose en fórmulas de conciliación blandas, con grandes descuentos y amnistías, o endurecer el control y las sanciones reforzando la capacidad investigativa de la Agencia de Entradas. El eventual fracaso del concordato apunta a la necesidad urgente de combinar ambas estrategias con un renovado enfoque tecnológico, para que la evasión no siga siendo un lastre estructural para el Estado y la economía.
