La Comisión Europea (CE) advirtió a Montenegro de la necesidad urgente de tomar medidas fiscales para estabilizar su deuda pública bajo el 60% del PIB. En su último informe, la CE subraya que el alto gasto obligatorio y la reciente caída en las contribuciones al sistema de pensiones han debilitado la dinámica fiscal del país.
El déficit presupuestario se disparó al 3,2% del PIB en 2024 desde un superávit en 2023, debido a un aumento del gasto público del 18%, que incluye incrementos en pensiones mínimas, inversiones en salud y una caída de los ingresos extraordinarios en un 40%. La Comisión insiste en limitar el gasto y aumentar los ingresos manteniendo estrictos controles fiscales.
Montenegro debe formar cuanto antes un Consejo Fiscal para evaluar el presupuesto de 2026, algo que ha estado paralizado durante años. Los problemas estructurales en el mercado laboral, con niveles elevados de desempleo, siguen siendo un freno al crecimiento económico.
Por otro lado, el sector bancario se mantiene sólido en capitalización y liquidez, pero la CE aconseja mejorar la calidad y disponibilidad de estadísticas oficiales mediante el fortalecimiento de Monstat y reforzar capacidades financieras y humanas.
Ralentización económica y riesgos estructurales
El informe destaca una desaceleración clara en el crecimiento económico: el PIB bajó del 6,5% en 2023 a un 3,1% en el primer semestre de 2024. Esta caída se explica por la caída de las exportaciones y un retroceso marcado en el sector turístico, vital para la economía montenegrina. El aporte del neto de exportaciones al PIB ha sido negativo, generando dudas sobre la sostenibilidad del actual modelo económico.
A pesar de ello, el PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo subió a un 54% del promedio europeo, mejorando desde un 52% en 2023 y un 44% en 2020, muestra de una ligera convergencia.
Montenegro debe impulsar reformas estructurales, especialmente en la gestión de empresas estatales, donde solo se han implementado medidas parciales. La CE recomienda realizar un análisis exhaustivo de los riesgos fiscales asociados a estas compañías.
Además, la independiencia del Banco Central de Montenegro está bajo amenaza por bloqueos políticos en el nombramiento de su consejo y vicepresidentes, poniendo en riesgo el cumplimiento de compromisos macroeconómicos y monetarios con la UE. La CE instó a garantizar procesos transparentes y basados en méritos profesionales después de que el Parlamento rechazara sin explicación las propuestas de la gobernadora Irene Radović.
En materia de competencia y ayudas estatales, la Comisión celebra la aprobación de leyes, pero critica la pobre implementación práctica y pide fortalecer la Agencia de Competencia y la justicia en estos ámbitos. La CE también recomienda modernizar leyes de contratación pública para combatir mejor la corrupción e irregularidades, incluyendo un sistema de alertas en licitaciones electrónicas.
Respecto al controvertido programa de ciudadanía económica, la Comisión insta a Montenegro a prohibir completamente este mecanismo, que representa riesgos de lavado de dinero, corrupción y financiación del crimen organizado, y viola las normas comunitarias. En 2023, el Ministerio del Interior aprobó 1.282 solicitudes bajo este sistema antes de su suspensión a finales de 2022, con 21 casos aún pendientes.
Por último, el informe recomienda al país adoptar un Plan Nacional de Energía y Clima para acelerar la transición verde y mejora energética, así como intensificar la implementación del programa IPARD para la agricultura, especialmente en el registro de viñedos.
La CE concluye que Montenegro está moderadamente preparado para avanzar hacia una economía de mercado funcional e integrada pero debe acelerar reformas y asegurar la estabilidad política para cumplir sus compromisos con la Unión Europea.
