La promesa del Partido Conservador de derogar la Ley de Cambio Climático marca un giro brusco en la política energética británica y pone fin a más de una década de consenso prodescarbonización en Westminster.
Mientras la crisis del coste de vida empuja la energía al centro del debate público, los precios eléctricos están en el punto de mira y la oposición al plan Net Zero gana tracción. La desconexión entre los costes reales y la política verde se estrecha rápidamente, con ciudadanos y sindicatos alarmados por las pérdidas de empleo en la industria manufacturera y el sector petrolero del Mar del Norte.
En este contexto, los conservadores cuentan con el poder para desafiar abiertamente la agenda Net Zero, mientras el partido Reform UK añade presión desde los escaños de atrás en el Parlamento. Nigel Farage ya advierte a los inversores contra participar en la próxima subasta de subsidios de renovables (AR7), insinuando posibles “recortes financieros” para los que lo hagan.
El plan Clean Power 2030 de Ed Miliband, que busca una red eléctrica completamente descarbonizada, enfrenta críticas crecientes, principalmente por los costos que implica para los consumidores. Los nuevos parques eólicos no solo elevarán los subsidios, sino también los “costes del sistema”: pagar a los molinos para apagar y mantener abiertas plantas de gas como respaldo.
Estos gastos teóricos de renovables baratos empiezan a mostrar su lado oscuro con facturas eléctricas que podrían superar incluso los niveles del último pico de 2022. Las perspectivas son preocupantes para Labour, que corre el riesgo de quedar desconectado de las prioridades populares justo antes de elecciones cruciales.
Más allá de prohibir nuevos subsidios, los expertos advirtieron que cerrar instalaciones eólicas existentes podría ser una medida viable si la situación económica empeora. Esa opción, aunque polémica, es legal bajo la soberanía parlamentaria si la presión pública sigue creciendo.
Para los inversores del mercado renovable esta coyuntura marca un punto de inflexión: participar en AR7 es una apuesta de alto riesgo, y quienes tengan activos ya instalados podrían enfrentar una tormenta política y económica significativa.
Con el futuro energético británico en juego, el debate sobre Net Zero da paso a un nuevo consenso, más escéptico y centrado en la urgencia económica que en la urgencia climática.
