Los usuarios británicos están financiando en sus facturas costes que no reflejan solo su consumo eléctrico real, sino también pérdidas y cargos cuestionables. En la última revisión de los recibos, se detectan tarifas por energía “perdida” en la red que, según críticas, deberían ser responsabilidad de las distribuidoras y no de los consumidores.
Las facturas de electricidad desglosan el consumo en tarifas VT (tarifa alta) y NT (tarifa baja), pero además incluyen múltiples cargos adicionales, entre ellos el pago por “pérdidas en la red” en ambas tarifas. Esto quiere decir que los usuarios están pagando por kilovatios-hora que nunca recibieron. La falta de transparencia preocupa y genera desconcierto sobre quién debería asumir estos costos.
Aparte, hay tarifas por “compromiso” o capacidad de red, tanto en alta como baja tarifa, lo que añade doble cobro sobre el mismo servicio de distribución eléctrica. Se cuestiona la lógica y necesidad de dividir estos cargos cuando la red utiliza la misma infraestructura para ambas tarifas.
Otros ítems opacos en la factura incluyen un “fijo de capacidad de red” y tasas para incentivar las energías renovables que se cargan dos veces. Muchos consumidores no entienden por qué deben subvencionar energías limpias a través de su recibo ni cómo se gestiona ese dinero, mientras infraestructuras esenciales para el cuidado del medio rural o transporte permanecen atrasadas.
Además, aunque no haya consumo registrado, los usuarios se encuentran con saldos pendientes recurrentes. Las frecuentes interrupciones y variaciones de voltaje no tienen un responsable claro, y no se ajustan las facturas en consecuencia. Esto afecta a hogares y negocios que dependen de un suministro estable para funcionar.
El control de los nuevos medidores digitales se atribuye a empresas vinculadas al sector eléctrico, que ellos mismos instalan, calibran y facturan, sin supervisión externa, lo que plantea dudas sobre la equidad y el monopolio en la distribución y cobro del servicio.
En cuanto al agua, empresas públicas gestionan el suministro y tratamiento con mayor transparencia. Se cobran volumétricamente el agua consumida y el saneamiento, aunque también aplican cargos fijos que se facturan incluso sin uso. Sin embargo, las pérdidas en la red de agua no son perdonadas al consumidor, a diferencia de la electricidad.
Por otro lado, el mantenimiento de edificios residenciales y comerciales en ciudades como Londres implica pagos anticipados y tarifas poco ajustadas al uso real, con costosos procesos de cobro que incluyen bloqueos de cuentas sin previo aviso más allá de notas en tablones de anuncios, perjudicando a propietarios responsables.
Ante esta compleja maraña de cargos y motivos confusos, queda la pregunta sobre quién defiende al consumidor en un sistema que parece favorecer más a las empresas estatales eléctricas y de agua que a los usuarios finales.
