Hadush Kebatu, el migrante condenado por agresión sexual en Reino Unido, fue deportado esta semana a Etiopía tras una fallida entrega a la policía, que niega sus declaraciones.
Kebatu aseguró a Sky News que quiso entregarse voluntariamente el sábado en Londres, pero que los agentes lo ignoraron. La Metropolitan Police respondió que no hay pruebas que respalden esa versión y que su comportamiento al momento de la detención fue evasivo.
El etíope, que cometió los ataques sexuales solo días después de entrar al país por el Canal, había sido liberado por error de la prisión de HMP Chelmsford el viernes pasado sin ser trasladado a un centro de detención para inmigrantes, lo que desató una cacería de dos días.
El Home Office confirmó que Kebatu fue escoltado en un avión con cinco guardias de seguridad y sin derecho a volver a entrar a Reino Unido. Además, desmintieron que la expulsión hubiera sido aprobada por ministros, pues una ayuda de £500 se otorgó como decisión “operativa” para evitar cancelaciones costosas tras amenazas de Kebatu de boicotear su vuelo.
“El pago de £500 facilitó su retorno evitando un proceso largo y caro para los contribuyentes,” explicó un portavoz de Downing Street.
El pago desató críticas entre los conservadores, que calificaron la medida como una “vergüenza absoluta”. La portavoz del Partido Conservador, Kemi Badenoch, pidió abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos para acelerar deportaciones y evitar “pagar a delincuentes extranjeros para que se vayan”.
Kebatu residía en el Bell Hotel, en Epping, donde atacó sexualmente a una niña de 14 años y a una mujer, lo que desató protestas locales. La policía abrió una investigación independiente sobre el error que llevó a su liberación y suspendió a un funcionario de prisiones.
Tras el fallo, el sistema penitenciario británico ordenó controles reforzados previos a cualquier liberación. Kebatu, que llegó a Reino Unido el 29 de junio en una pequeña embarcación, fue condenado en septiembre a 12 meses de prisión, ya cumplidos en tiempo previo al juicio.
Su defensa indicó que Kebatu tenía un “deseo firme” de salir del país, pero negó los cargos. El caso puso en evidencia fallos en el control de liberaciones y la gestión migratoria que el gobierno de Sunak debe responder.
