El Partido Labour en Reino Unido impulsa la Renters’ Rights Bill, una ley que cambia las reglas para revisar los alquileres y que podría sacar a muchos caseros del mercado inmobiliario, según expertos y encuestas.
La nueva norma permite a los inquilinos impugnar la renta pactada durante los primeros seis meses del contrato o cualquier subida propuesta. Esta reclamación puede llevarse ante un Tribunal sin riesgo para el inquilino, que podría retrasar o incluso rebajar la renta a pagar.
“En el peor de los casos, el inquilino sólo retrasa la subida, en el mejor, la reduce”, explica Greg Tsuman, director de Martyn Gerrard, quien advierte que el resultado será un “control de rentas por la puerta trasera”.
Además, la ley exige a los caseros avisar con al menos dos meses de antelación para cualquier aumento y prohíbe subir la renta durante los primeros 52 semanas del contrato. Hasta ahora, los caseros podían ajustar las rentas según los términos del contrato sin tregua.
El problema central, dicen los expertos, es la incertidumbre en la aplicación del Tribunal. La ley contempla que si un inquilino acepta un nuevo contrato “sin coacción”, no habrá caso. Pero casi cualquier inquilino puede alegar presión por la escasez de viviendas para justificar su aceptación.
“Hasta que no haya casos, no sabremos cómo interpretará el Tribunal esta ambigüedad”, advierte Tsuman.
Daniel Smith, abogado en Gardner Leader, sostiene que, aunque los caseros podrán ajustar rentas al mercado, el principal reto estará en validar correctamente los avisos de subida para que sean legales y efectivos.
La inseguridad en el mercado ya impacta: una encuesta de JLL revela que la mitad de los caseros no piensa ampliar su cartera por la nueva ley, y un 40% se desanima de invertir debido a altos costes de mantenimiento.
“El proyecto busca un sector más inclusivo, pero sin garantías claras para los caseros, el riesgo es generar conflicto y desincentivar la inversión”, alerta Sían Hemming-Metcalfe, directora de Inventory Base.
La preocupación se traduce en datos: un estudio de Simply Business muestra que el 39% de los caseros baraja salir del mercado de alquiler en los próximos 12 meses si la ley sigue adelante. En Reino Unido, los caseros privados controlan el 84% de los alquileres, con cerca del 20% de las viviendas en régimen privado.
Julie Fisher, CEO de Simply Business UK, sostiene que hay temor en el sector: “La ley cambiará el mercado drásticamente, pero muchos caseros dudan que mejore los estándares como el Gobierno espera.”
En el Parlamento, la ley sufrió críticas en su tercera lectura en julio, con la Cámara de los Lores señalando que podría perjudicar más a los inquilinos si provoca que los caseros abandonen el mercado o recurran a los alquileres temporales, más caros y menos estables.
La Renters’ Rights Bill encara ahora el reto de equilibrar protección para inquilinos con garantías para mantener la inversión privada, clave para el actual mercado residencial en Reino Unido.
